Caso Galarza: Aleaga tambalea

La suerte de Ana Galarza en la Asamblea Nacional depende de una persona: Raúl Tello. El asambleísta de la maltrecha y disminuida Bancada de Integración Nacional preside la comisión tripartita constituida para investigar a la legisladora de CREO en torno a las acusaciones presentadas en su contra por el correísta Ronny Aleaga. Entre Lourdes Cuesta (CREO), quien ha tratado de orientar el caso hacia su flanco más débil, y Amapola Naranjo (correísta), que busca minar a Galarza por todos los frentes, Tello será la voz dirimente. Será su voto el que decida el contenido del informe final de la comisión, que él espera hacer público mañana.

Hasta el momento, el único cargo que no admite discusión es una falta administrativa que la propia acusada admitió entre lágrimas durante su comparecencia, la noche del martes: uso indebido de la tarjeta electrónica que sirve para acceder a la sede legislativa. Está claro que ella y su marido, Francisco Sevilla, quien no es funcionario público pero la acompaña a todas partes, utilizaron la tarjeta (intransferible) de la asesora Carmen Alvarado, que no trabaja en el despacho de la asambleísta.

En cuanto a la acusación de haber gestionado cargos públicos, que es eje del alegato de Aleaga contra Galarza, parece haber caído en el descrédito. Todo parece indicar que el legislador correísta no entendió nunca de lo que estaba hablando. Cuando compareció ante la comisión, el viernes pasado, él explicó confusa y absurdamente que los cargos que la asambleísta de CREO había gestionado eran los de sus propios asesores en su propio despacho, lo cual evidentemente no pasa de ser una contratación en toda regla. En esa misma sesión, el exasesor Lenín Rodríguez, que llevó el caso a la Fiscalía, proclamó (no sin gran dosis de cinismo) que el cargo gestionado por Galarza era el suyo, pues ella, dijo, le recomendó a la también asambleísta de CREO Jeannine Cruz, que lo terminó contratando. Ahora Aleaga se aferra a ese libreto. Demasiado tarde, pues la propia Cruz remitió un oficio desmintiéndolo.

Para Marcelo Dueñas, el abogado de Galarza que la acompañó el martes en su comparecencia, las cosas están claras: en esa acusación (haber gestionado cargos públicos) debe centrarse el informe de la comisión. ¿Por qué? Porque así lo quiere Aleaga. Hacia allá parece conducir las cosas también Lourdes Cuesta, a juzgar por sus actuaciones en la comisión. Pero ni Tello ni Naranjo parecen convencidos. El caso Galarza encierra más que esa acusación cínicamente planteada por Rodríguez y torpemente defendida por Aleaga.

Naranjo, sin adelantar criterios, dijo ayer que le quedan muchas dudas. Y sí, hay cosas que incomodan: la informalidad de las relaciones laborales entre Galarza y su equipo de asesores, cruzado por lazos de afinidad marital; la aparente arbitrariedad en las firmas de los registros de asistencia, que son documentos públicos; el papel desempeñado por el esposo de la asambleísta que, sin ser funcionario, tiene en su despacho una influencia que no ha sido analizada a fondo; el verdadero trabajo de la “asesora en territorio” (figura autorizada por el CAL, como lo recordó Galarza el martes), a quien tampoco la han visto en la sede legislativa de Ambato más de dos veces desde 2017, según declaración juramentada presentada ayer por una funcionaria de ahí, Selena Andagana, a quien la comisión se negó a recibir el martes. Andagana dijo a TC que Alvarado se presenta en la sede no como asesora de Galarza, sino como esposa del también asesor Omar Mayorga. Los asesores en territorio están obligados a presentar informes mensuales, pero la comisión no ha pedido ver los de Alvarado.

De esto, ¿se desprenden posibles cargos contra Galarza? Naranjo parece creer que sí. Pero el equipo de asesores, al fin y al cabo un grupo de amigos que trabajan juntos desde la campaña electoral, ha negado cualquier irregularidad. Especialmente aquella de los cobros indebidos. Nadie ha dado nada, dicen, y no hay registros que prueben lo contrario. Raúl Tello tiene la palabra.