Caso Glas: la ley urgente y el salvoconducto camino a ‘coincidir’ en tiempos

Preparando el escenario. Si la Embajada de México concede el asilo diplomático al exvicepresidente Jorge Glas quedará en manos del presidente Daniel Noboa dar el salvoconducto para que abandone el país.

El mandatario ya advirtió que podría quedar “atado de manos” si ese asilo cumple con todos los parámetros legales y que no le quedaría otra alternativa que hacerlo, aunque eso no sea muy de su agrado.

“Lo legal es que si no hay una orden de aprehensión no se lo puede agarrar. De ahí nosotros respetaremos acuerdos internacionales, si es que tiene una orden de prisión y una sentencia ejecutoriada y mi Secretaría Jurídica y la canciller piensan que hay razón para la aprehensión entonces se lo aprehende”, señaló en una entrevista con el canal Telerama.

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Según la Fiscalía, ahora Glas es investigado por el presunto delito de peculado en la reconstrucción de Manabí. Para que rinda versión, se dispuso a la policía su localización e inmovilización, pero para entonces Glas ya estaba en la Embajada de México. Es decir, por este caso, no tiene aún una sentencia.

Las declaraciones del mandatario generan algunas suspicacias sobre el futuro de este caso. Sobre todo, porque en la Convención de Caracas, que es a la que Glas apeló para pedir el asilo, no se establece ninguna obligación de que el gobierno deba entregar el salvoconducto si el asilo es otorgado, según el exvicecanciller Marcelo Fernández.

“No queda atado de manos, porque es facultativo del presidente conceder o no el salvoconducto, a través de su canciller. Conceder el asilo sí es facultad, en este caso, del gobierno de México si considera que se tratan de delitos políticos, lo cual sería una monstruosidad, porque los del señor Glas son delitos comunes”, señaló Fernández.

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En eso incluso está de acuerdo la propia Cancillería que el 22 de diciembre pasado advirtió que “deploraría” cualquier decisión de México a favor de Glas y que “la Cancillería actuará con absoluta firmeza, con base en los altos intereses del Estado”.

Específicamente, porque el artículo 3 de dicha convención señala que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”.

Para el analista político Francisco Rocha, el hecho que la Cancillería sostenga que el exvicepresidente es procesado por delitos comunes, pero el presidente hable de que podría quedar “atado de manos”, no deja de ser, por decirlo, curioso.

“Así México dé el asilo el presidente Noboa no está obligado a dar el salvoconducto. Si lo hace a favor de alguien que ahora está prófugo en esa embajada, simplemente se configura lo que ya se viene intuyendo hace algún tiempo: que hay un pacto de impunidad”.

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Y con una ‘coincidencia’ de por medio. El presidente Noboa podría tomar una decisión a la par que se discute y vota, en primero y segundo debate, la ley urgente en materia energética en la Asamblea Nacional. Algo similar a lo que sucedió cuando se trató la reforma tributaria, a la que el correísmo le puso todo tipo de reparos hasta el último, pese a lo cual votó a favor, y días después, en cambio, no hubo los votos para autorizar un juicio penal contra Glas.

Otros permisos negados

Marcelo Fernández recordó que ya en el pasado reciente Ecuador no otorgó el salvoconducto a la exministra María de los Ángeles Duarte cuando Argentina le otorgó el asilo diplomático.

La exfuncionaria, condenada por corrupción, abandonó la Embajada en Quito de forma irregular “con la complicidad de diplomáticos argentinos y de algunos policías”, señaló el excanciller.

También, recordó que en su momento el Reino Unido se negó a extender ese salvoconducto al activista Julian Assange, pese a que contaba con asilo diplomático otorgado por el Ecuador.

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