El caso contra Jorge Glas

El borrador se pule. El pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas, que será presentado mañana por CREO-SUMA y respaldado por las demás bancadas de oposición, se resume a una sustanciación plasmada en 35 páginas, elaborada por sus equipos de asesores legales.

El escrito, al cual tuvo acceso EXPRESO, fundamenta bajo la figura de concusión el llamamiento a juicio político y basa su línea argumental en la responsabilidad política de Jorge Glas como número dos del Gobierno.

Clave se vuelve entonces el célebre Decreto 015, con el que el expresidente Rafael Correa asignó a Glas los sectores estratégicos y su control. “Igualmente se encargará de realizar el seguimiento, evaluación y control” de los ministerios coordinadores de estas áreas, cita el documento. El borrador razona entonces: “Todo acto delictuoso que involucrara a funcionarios que dirigieran acciones en estos sectores bajo su supervisión, deviene en responsabilidad política porque así le fue asignado por el presidente de la República”.

Es ese decreto, y no la Constitución, el que establece las funciones de Glas como vicepresidente. Son las únicas. Esto, apunta la justificación, “no debe ser tomado a la ligera. Más aún, cuando más de una decena de los funcionarios que estaban bajo inmediata supervisión de Jorge Glas se encuentran envueltos en juicios penales”.

Son esos actos delictuosos la vía rápida hacia Glas: el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, la delincuencia organizada y el tráfico de influencias en el caso Petroecuador; así como la acusación de lavado de activos en el caso de Alecksey Mosquera, el exministro de Energía envuelto en la trama Odebrecht, constituyen los fundamentos de hecho del pedido. Los legisladores justifican: “El nexo común es que ocurrieron en el ámbito de competencias asignado expresamente al vicepresidente”.

Por ello, aun iniciando el juicio bajo la figura de concusión (pues la Constitución limita las causales de enjuiciamiento para los máximos representantes del Gobierno) el escrito resulta reiterativo en la condición de jueces políticos de los legisladores. Y no penales. La justificación, citando a la Constitución, pone énfasis en el hecho de que “la norma no señala que el encausado sea penalmente responsable por los delitos que en ese artículo se señalan o que en efecto haya sido quien los cometió”. Y parecen líneas dirigidas a la Corte Constitucional, cuyos magistrados, si el Consejo de Administración Legislativa controlado por PAIS llega a remitirlo, deben dar luz verde o no para que la Asamblea trate el tema.

El texto aclara una y otra vez que la Constitución no pide a los legisladores que “se conviertan súbitamente en fiscales o jueces penales con capacidad para enviar a una persona a la cárcel”. No. Se trata de “juzgar la incompetencia política”. Se busca censurar. Se pide destituir. Para eso son necesarios 92 votos.

Los filtros

CAL

El Consejo de Administración Legislativa(CAL) debe decidir si existen los elementos necesarios para el pedido. Y luego remitirlo al Constitucional.

Constitucional

La Corte Constitucional es la encargada de valorar los fundamentos de hecho y derecho y emitir un dictamen favorable para el inicio del juicio al vicepresidente.

Fiscalización

La comisión, presidida por María José Carrión (PAIS) y dominada ampliamente por el oficialismo, debe recomendar el juicio o archivarlo.

El detalle

Los argumentos crecen

Los legisladores de las bancadas SUMA-CREO que impulsan el juicio, que será presentado a la presidencia de la Asamblea Nacional esta semana, aseguran que las pruebas “cada vez son más”.

Sin embargo, estas serán reservadas hasta la etapa de presentación de pruebas que debe darse una vez recibido el proceso por la mesa de Fiscalización.

Esta mesa solicitará pruebas contra el vicepresidente así como hechos de descargo antes de recomendar su pase al Pleno.

Para una eventual destitución, la oposición necesitará al menos de 29 votos de Alianza PAIS.