Caso Ligados aterrizará en la Comisión de Seguridad, presidida por el oficialismo
La presidenta de la Comisión de Seguridad Inés Alarcón convocó a representantes de cuatro entidades del Estado
La disputa por la fiscalización de los casos que involucran a los dos candidatos a la Presidencia continúa en la Asamblea Nacional. Este 17 de marzo de 2025 se conoció que la Comisión de Seguridad tratará el caso Ligados, que involucra a exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y a una consejera en funciones.
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La mesa legislativa, presidida por la oficialista Inés Alarcón, es la misma que lleva adelante la fiscalización de la compra de chalecos para las Fuerzas Armadas, un tema que también se discute en la Comisión de Justicia, encabezada por el correísta Fernando Cedeño.
En la convocatoria a la sesión de la Comisión de Seguridad, Alarcón solicitó la comparecencia de autoridades de cuatro entidades: la Fiscalía General o su delegado, Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Bancos y del Cpccs.
El documento de la convocatoria establece que las autoridades deberán informar sobre “los chats de conocimiento público” relacionados con el caso. Además, se menciona que deberán abordar el inicio de la investigación contra los vocales cesados del Cpccs, así como presuntas operaciones de lavado de activos vinculadas al narcotráfico y el financiamiento de campañas electorales.
La sesión está programada para el próximo miércoles a las 09:30 y se realizará de manera presencial.
#ATENCIÓN | #CasoLigados: revisa algunos de los elementos de convicción extraídos del celular de uno de los procesados por presunta #AsociaciónIlícita. ⬇️ https://t.co/oyVxAd0WPp pic.twitter.com/vPUewXCJLm
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 17, 2025
El caso Ligados
El 15 de marzo de 2025 se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra los exvocales del Cpccs Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, además de la actual consejera Nicole Bonifaz.
La Fiscalía los acusó de ser autores directos del delito de asociación ilícita. La base de la acusación son los chats encontrados en el teléfono de Augusto Verduga, en los cuales se evidenciaría una coordinación entre los vocales y el correísmo para influir en la designación de la autoridad de la Superintendencia de Bancos. También se mencionan otros procesos, como la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura.
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