Caso Ligados: un conflicto entre jueces pone en riesgo las pericias investigativas
La preservación de links en redes sociales y la extracción de información del celular de Eduardo Franco Loor no avanzan
Un conflicto de competencias entre dos jueces afecta el caso Ligados. La jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional de Justicia autorizó las investigaciones preprocesales pero se retiró al solicitar una licencia antes de la audiencia de formulación de cargos. En su lugar, actuó el conjuez Marco Aguirre Torres.
Al comenzar la etapa de instrucción fiscal, debía nombrarse un juez de instrucción. Sin embargo, Aguirre sostiene que su mandato concluyó el 19 de marzo, mientras que Camacho opina que Aguirre debería continuar en el caso.
Ante esta disputa de competencias, se designó a un tercer juez, Felipe Córdova, encargado de resolver la situación.
Los efectos de la dilación de los jueces
La confusión ha ocasionado un retraso en la aprobación de procedimientos investigativos que requieren consentimiento judicial. Por ejemplo, el 25 de febrero, la Fiscalía pidió autorización para acceder a la información del celular de Eduardo Franco Loor, exconsejero de Participación, dispositivo que se mantuvo en custodia desde la semana anterior, tras ser entregado por Estados Unidos.
También se ha retrasado el pedido de preservación de 134 enlaces de redes sociales como Facebook, X, Tik Tok, Youtube e Instagram.
En palabras de la fiscal Diana Salazar, “es urgente obtener estas autorizaciones judiciales, especialmente para preservar los enlaces de redes sociales, que pueden ser eliminados como se señaló en el oficio correspondiente. Además, las pericias son técnicas y toman tiempo, lo que podría llevar a la necesidad de peritajes adicionales. Al encontrarnos en una fase procesal con plazos definidos, el paso del tiempo podría limitar el derecho a un proceso adecuado y la defensa de los implicados”.
En el caso denominado “Ligados”, se investiga a tres exvocales del Consejo de Participación, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, junto a la vocal Nicole Bonifaz, por un presunto delito de asociación ilícita.
El caso se inició con las denuncias de Mónica Jaramillo, del Observatorio de Control Ciudadano, y Roberto Romero von Buchwald, superintendente de Bancos, quienes señalaron una supuesta obstrucción a la justicia y usurpación de funciones; también se indaga posible tráfico de influencias.
Los procesados argumentan que el caso tiene motivaciones políticas en el marco de la campaña electoral. Verduga, en cambio, ha dicho que sus chats con un montaje, pero no ha dado más detalles.
- Proceso. La fase de instrucción fiscal es el tiempo que tiene la Fiscalía para recoger evidencias a favor o en contra. Dura 90 días.
¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
