El caso Ligados mostró el alcance del correísmo en el Consejo de Participación
Juez decidió presentación periódica de los señalados. El Gobierno reaccionó y habló de golpe de Estado azul
El caso Ligados puso en el centro del debate el rol del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la disputa de un movimiento político por hacerse con su control. Tres exvocales de esa entidad, además de una consejera en funciones, fueron acusados de asociación ilícita.
(No te pierdas: Fiscalía libera chats del celular de Augusto Verduga: revelaciones del Caso Ligados)
El caso se derivó de una denuncia del actual superintendente de Bancos Roberto Romero Von Buchwald. Ocurrió después de que la anterior mayoría del Cpccs, integrada por los procesados, decidiera insistir en la designación de Raúl González como superintendente de Bancos.
La teoría de la Fiscalía es que los exvocales Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la consejera Nicole Bonifaz tenían acciones coordinadas para tomarse no solo el Cpccs sino otras instituciones del Estado. Para esto se utilizaría la facultad que tiene esa entidad de designar autoridades en instancias de control. Los hechos de la investigación ocurrieron entre diciembre de 2024 e inicios de 2025.
¿Cuál es el sustento de la Fiscalía?
El 24 de enero de 2025, tras las denuncia de Romero, se ejecutó un allanamiento en el edificio del Cpccs en Quito. Augusto Verduga era el único de los consejeros que se encontraba en el lugar y sus teléfonos móviles fueron incautados. Las conversaciones encontradas se presentaron en la audiencia de formulación de cargos.
Según la Fiscalía había un objetivo: “tomar del control de la institucionalidad del Estado”. Los chats, en los cuales se señala a Verduga, Saltos y Franco Loor como participantes, muestran que existía un interés por nombrar a una autoridad afín en la Superintendencia de Bancos.
La actuación del grupo respondía, según se dijo en la audiencia, a un movimiento político. Este sería Revolución Ciudadana. La Fiscalía mostró conversaciones en las que, por ejemplo, se hablaba de la necesidad del apoyo en la Asamblea para no posesionar a Roberto Romero como superintendente.
Este punto puede ser clave porque la decisión de la anterior mayoría del Cpccs fue impulsada por Verduga y uno de sus razonamientos era que Romero no había sido posesionado.
#URGENTE 🚨
— El Peso Del Maso (@el_poderdelmaso) March 16, 2025
Los chats filtrados han destapado la operación de la #RevoluciónCiudadana para tomar el control del Consejo de la Judicatura y frenar cualquier intento de independencia judicial.
📌 ¿CÓMO IBA A FUNCIONAR EL PLAN?
🔹 Protección judicial: En los chats, los… pic.twitter.com/wxgE1W1JO9
El conflicto con la Super de Bancos tiene que ver con que la designación de Raúl González quedó sin efecto por recursos legales en contra de la decisión. Pero eso escaló con una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional.
En esa instancia, González ganó. Pero no se dictaminó que, como medida de reparación, él fuese quien debía ocupar el cargo. Entonces, la exmayoría del Cpccs aprobó la decisión de designar a González y Romero ocuparía el cargo después del periodo del primero.
En los chats revelados aparece el usuario Mónica Erlt, quién según Fiscalía sería de Verduga. Una conversación muestra que el usuario An ofrecía el apoyo de la Asamblea para González y pedía a cambio la entrega de cargos de libre remoción.
Otra acusación tiene relación con el proceso de destitución de la denominada Liga Azul en el TCE. Según Fiscalía, los procesados “habrían articulado una estrategia para dilatar decisiones de la justicia electoral, garantizarse impunidad y mantenerse en sus cargos, mediante maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias”.
La reacción de Augusto Verduga
Verduga, de quién o se sabe su paradero, acudió vía telemática a la audiencia. No reveló su ubicación. Pero estuvo activo en su cuenta de X. “No conocía al fiscal subrogante Toainga. Al igual que Salazar, ha resultado un verdadero cantinflas. Está literalmente leyendo su intervención para justificar los elementos de convicción”, escribió.
Finalmente, la Fiscalía solicitó medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país contra Verduga, Saltos y Bonifaz. En el caso de Loor, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario y uso de dispositivo electrónico de vigilancia.
El juez de garantía penales acogió parcialmente el pedido y dictó presentación periódica y prohibición de salida del país para los cuatro señalados.
En un comunicado, el Ministerio de Gobierno rechazó “los intentos de manipulación y control de la justicia, a través de los jueces, por parte de la liga azul, cuyos miembros intentaban desvirtuar el propósito del Cpccs para fines partidistas”.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
