Caso Malvinas: el Gobierno intimida a la Justicia | Por Roberto Aguilar

Lo que debió ser un pedido de disculpas ordenado por una jueza se convirtió en un claro acto de intimidación contra el sistema judicial. Este lunes 6 de enero, por primera vez en un Gobierno supuestamente democrático, el país contempló el insólito espectáculo de un ministro (el de Defensa, Gian Carlo Loffredo) presentándose en cadena nacional, rodeado de militares en uniforme de campaña, para amenazar a una jueza (Tanya Loor, a quien ni siquiera se molestó en nombrar) con llegar “hasta las últimas consecuencias” para sancionarla por haber dictado un fallo que no fue del agrado del Gobierno.

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Y otra ministra (la del Interior, Mónica Palencia), amedrentando por escrito a la misma jueza con la posibilidad de demandarla y cobrarle una “indemnización por daños y perjuicios” ante lo que considera una “indebida persecución al Estado ecuatoriano”. Novedosa figura para venir de una ministra que se jacta de ser defensora de los derechos humanos: persecución al Estado. No se había visto nada parecido desde cuando el secretario jurídico del régimen correísta, Alexis Mera, escribía a los jueces instruyéndoles de que no debían fallar contra el Estado. Salvo que, en esta ocasión, la indebida demostración de fuerza del Ejecutivo noboísta es desvergonzadamente pública y ostensible. Se podría decir que es peor.

Esta nueva postura oficial, que deja atrás la que el ministro de Gobierno, José De La Gasca, había expresado cuando asumió la vocería del caso, marca el terreno de lo que será el enfrentamiento judicial en torno a la tragedia de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, los cuatro menores de edad asesinados en Taura luego de que una patrulla militar los capturó en Las Malvinas. 

La desaparición forzosa es resistida por el Gobierno

Queda claro que el Gobierno no está dispuesto a aceptar, pese a todas las evidencias, la categoría de “desaparición forzosa” determinada por la jueza Loor: desaparición forzosa es aquella en la cual la detención fue operada por la fuerza pública, exactamente como en este caso. Más aún: contradiciendo las buenas intenciones del ministro De La Gasca, las apelaciones a la decisión judicial presentadas por las Fuerzas Armadas y por los ministerios del Interior y de Defensa son un mecanismo dilatorio cuyo principal efecto será retardar la investigación del caso y poner obstáculos a la reparación debida de las víctimas.

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Llenas de contradicciones estuvieron las declaraciones de Loffredo en su delirante cadena nacional. Empezó hablando de dos hechos que ocurrieron, dijo, el 31 de diciembre: el inicio de un proceso penal contra los 16 militares involucrados en el caso, proceso penal que él califica como “entendible y procedente”, y otro, “absurdo e injusto”, que fue “el haber sentenciado por escrito a las Fuerzas Armadas sin ningún proceso penal previo”. Esta “injusticia”, aseguró, “fue cometida por una jueza en materia constitucional” que declaró la “desaparición forzada”. No fue necesario que nombrara a Tanya Loor.

Todo esto es confuso e inexacto. En realidad, lo que ocurrió el 31 de diciembre fue la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares. En ella, el juez Dennis Ugalde aceptó el pedido de la Fiscalía para procesarlos por desaparición forzada, lo cual no constituye ni remotamente una sentencia por escrito contra las Fuerzas Armadas sino una imputación contra 16 de sus miembros. Ya que al ministro le parece “entendible y procedente” el inicio de un proceso penal contra ellos, no se comprende bajo qué cargo quiere que se los juzgue.

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En cuanto a la jueza Loor, fue el 25 de diciembre cuando ella conoció el pedido de habeas corpus que presentaron los familiares de los cuatro chicos con el fin de obtener su libertad. Para ese entonces, ellos estaban oficialmente desaparecidos y la última vez que se los vio fue cuando los 16 militares se los llevaron a patadas. ¿Qué podía hacer ella sino declarar la desaparición forzada?

“No ha existido participación directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, dijo el ministro Loffredo. Parece increíble que, a estas alturas, sea necesario recordar a las autoridades del Gobierno la gravedad de los hechos comprobados: 16 militares se llevaron a esos cuatro menores de edad sin cumplir ningún protocolo ni procedimiento: no los pusieron a disposición de la Policía especializada en adolescentes, como era su obligación; no comunicaron a sus padres; no justificaron la detención… Durante 13 días sus familias los estuvieron buscando desesperadamente y ellos, los militares, no dijeron nada. Eso se llama secuestro. Desaparición forzada.

Un discurso típicamente dictatorial

Lo que viene a continuación es de Ripley: dicen los militares que los soltaron (desnudos, a 40 kilómetros de sus casas) y que entonces pasaron unos mafiosos que los estaban buscando y los mataron. Vaya, justo los estaban buscando en ese lugar y en el momento en que los soltaron. Coincidencias de la vida. Y luego sale el ministro de Defensa a decir que quien tiene que ser castigada es la jueza que declaró la desaparición forzada. Y que lo que se tiene que investigar es “el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política”. ¿Persecución a quién? ¡Al Estado! Lo dijo la ministra del Interior: “indebida persecución al Estado ecuatoriano en tiempo y forma”.

Todo esto configura un discurso típicamente dictatorial. La intimidación a la justicia por parte de un Ejecutivo que se atribuye la facultad de calificar a su gusto las decisiones tomadas en los tribunales es una desproporción intolerable. Está claro que el Gobierno de Daniel Noboa no ofrece la mínima garantía para el esclarecimiento de este crimen. Y pretende solucionarlo todo de la misma manera como esos 16 militares secuestraron a esos cuatro chicos: a patadas.

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