Caso Malvinas: militares seguirán en prisión por supuesta desaparición forzada
Un tribunal rechazó la apelación planteada por los 16 uniformados procesados y ratificó la medida de prisión
Un tribunal de Ecuador ratificó este 20 de febrero de 2025 la prisión preventiva que otro juez había ordenado contra 16 militares procesados por la desaparición forzada de los cuatro menores de Las Malvinas, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados días después en una zona rural.
Los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazaron la apelación solicitada por los soldados, quienes detuvieron de manera irregular a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, la noche del 8 de diciembre en los exteriores de un centro comercial del sur de la ciudad.
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Tras esa detención, los militares llevaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y han asegurado que en el camino los dejaron en libertad. Después de eso se perdió totalmente el rastro de los menores.
El caso se hizo público días después y la Fiscalía decidió iniciar una investigación por el delito de desaparición forzada, proceso al que vinculó a los 16 soldados que iban esa noche en la patrulla, quienes están recluidos en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga.
A la salida de esa audiencia de formulación de cargos, el fiscal anunció a las familias que unos cuerpos hallados en una zona rural de Taura pertenecían a los menores que hasta ese entonces seguían como desaparecidos.
Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de las familias de los menores, dijo que los tres jueces señalaron que la prisión preventiva era una medida "idónea y proporcional".
"Luego de un análisis exhaustivo de las fundamentaciones que hicieron los abogados en audiencia, los jueces determinaron que las mismas no fueron suficientes y que la prisión preventiva perseguía fines de garantizar la comparecencia de los procesados, de garantizar derechos de las víctimas en una futura reparación integral, así como de preservar y que no vayan a obstaculizar las investigaciones", señaló.
Menores detenidos sin "flagrancia" comprobada
El CDH dijo en su cuenta de la red social X que los jueces reconocieron que toda detención debe seguir los procedimientos del debido proceso y que "no hay ningún elemento que permita señalar que la detención de los menores fue en un contexto de flagrancia".
"Su argumento (de los soldados) es que los niños eran delincuentes, pero si fuese realmente así tienen que haber ofrecido las garantías básicas para toda persona que está sometida a una aprehensión en flagrancia", añadió Aguirre.
El defensor explicó que durante la audiencia de apelación los abogados de los militares hablaron de lo que sucedió "posterior a los hechos".
"Se centraron en la causa del fallecimiento (de los menores) cuando este delito es de desaparición forzada, y por ende ellos nunca se refirieron a la detención del 8 de diciembre", precisó.
#AHORA | #CasoMalvinas: se reinstala la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por 16 militares, procesados por #FiscalíaEc por la presunta #DesapariciónForzada de 3 adolescentes y un niño, ocurrida el 8 de diciembre de 2024. pic.twitter.com/ZqwW9N90Ai
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 20, 2025
Reconstrucción de hechos pendiente
Aguirre señaló que las investigaciones siguen en marcha y que están a la espera de que la Fiscalía fije una nueva fecha para la realización de la reconstrucción de los hechos, diligencia que ya se ha postergado en dos ocasiones.
Esta caso se sumó a las numerosas denuncias de presuntas violaciones de derechos cometidas por las fuerzas estatales de Ecuador bajo el "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para combatir al crimen organizado, causante de la escalada de violencia que llevó al país a situarse en 2023 con la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica.
De acuerdo al CDH, la Fiscalía registra más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde que se declaró el "conflicto armado interno", 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y 8 de desaparición forzada, si bien el organismo considera que son más.
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