Caso Las Malvinas: Nuevas pruebas salen a la luz en contra de los militares detenidos

Aún no está listo el informe médico legal que detalla las causas de la muerte de los cuatro menores de edad desaparecidos el pasado 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, cuyos cadáveres fueron encontrados incinerados 16 días después en un manglar de la parroquia Taura. Por este motivo no ha sido entregado al fiscal a cargo de la investigación, informó Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

El defensor explicó que las pruebas genéticas para identificar los cuerpos estuvieron listas en menos de siete días, a pesar de tratarse de un examen riguroso, debido a la presión ejercida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la sociedad civil, que demandaron respuestas inmediatas.

“Este tipo de pruebas, como el análisis de ADN, suelen tardar entre 30 y 40 días. Sin embargo, en este caso se aceleraron debido a la presión”, señaló Bastias.

Abogado habló sobre las nuevas evidencias

El abogado también reveló detalles sobre las versiones recabadas por el Comité de Derechos Humanos. Según estas, la noche del 8 de diciembre los menores, con edades entre 11 y 15 años, participaron en una tarde deportiva en una cancha de la ciudadela Coviem. Más tarde se dirigieron a una panadería cercana a un centro comercial del sur de la ciudad para comprar pan. Entonces fueron interceptados por militares que, antes de detenerlos, los persiguieron por un paso peatonal.

“Era un grupo de 11 niños, no de 10 como se afirmó inicialmente. Todo indica que fueron perseguidos porque eran afrodescendientes. No hay evidencia que sugiera otra razón. Y aunque la hubiera, no era la forma adecuada de proceder por parte de los militares. Este caso es claramente una desaparición forzada. Presentaremos los testimonios de los niños que lograron escapar y el de un testigo que presenció cómo los militares los perseguían. Los corrieron (siguieron) por el paso peatonal”, dijo el defensor.

Publicaciones falsas

Sobre las publicaciones falsas que circulan en redes sociales, en las que se acusa a los menores de ser delincuentes, Bastias anunció que solicitará al Estado investigar y sancionar a los responsables de estas difamaciones. “Es fundamental determinar si estas publicaciones fueron realizadas por militares o particulares. El Estado debe investigar las cuentas de troles que difunden desinformación, ya que esto perjudica a las víctimas. Estas publicaciones comenzaron tras las declaraciones del ministro de Defensa, quien insinuó que los menores estaban robando”.

También criticó la postura de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien informó sobre la impugnación del habeas corpus presentado a favor de los 16 militares detenidos por la desaparición de los menores.

“En su impugnación, amenazó a la jueza con sanciones y anticipó que solicitarían medidas de reparación por daños y perjuicios para la institución”, manifestó.

Las declaraciones del abogado se dieron tras una reunión de la Mesa de la Solidaridad, donde participaron diversas organizaciones de la sociedad civil para abordar la desaparición de los cuatro menores.

Por su parte, Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, calificó la desaparición de los menores como un reflejo de los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país.

Rechazo a declaración del Ministro de Defensa

“El ministro de Defensa (Gian Carlo Loffredo) actuó de manera inapropiada al amenazar a la operadora de justicia por su decisión. En lugar de respaldar el proceso judicial, mostró una actitud despectiva hacia las familias de los menores, quienes no solo sufren por la desaparición, sino que también han sido injustamente señaladas. Los han tratado con la punta del pie”, sostuvo Navarrete.

Agregó que en el lugar donde fueron encontrados los jóvenes es una zona donde operan varias organizaciones criminales, especialmente en Naranjal. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad a los militares. "De hecho, se han reportado otros casos de desaparición forzada en la región litoral, presuntamente vinculados a miembros de las Fuerzas Armadas", según denuncias del activista.

En cadena nacional, la noche del lunes 6 de enero, el ministro Loffredo cuestionó la decisión de la jueza Tanya Loor de procesar el caso como desaparición forzada. “Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, pero llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación. Su decisión ha dado paso a una persecución política y no permitiré que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas, que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos”, declaró.

Por la desaparición de los menores, 16 militares fueron detenidos y procesados por el delito de desaparición forzada. Tras la audiencia de formulación de cargos, llevada a cabo el 31 de diciembre en la Fiscalía de La Valdivia, los detenidos fueron enviados a prisión.

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