Caso Metástasis: Fiscalía identifica a un autor y 20 colaboradores de la red Norero
En los alegatos de apertura se señalaron los supuestos roles
La audiencia de juzgamiento del caso Metástasis estuvo a punto de no instalarse este lunes 21 de octubre de 2024. La razón fue que el procesado Wilman Terán pidió la excusa del juez Pablo Loayza, porque este fue cliente de su padre, Gabriel Terán, en una indagación previa. La excusa no fue aceptada por los jueces Mercedes Caicedo (ponente) y Marco Rodríguez Ruiz, y tras este primer incidente, se instaló la diligencia.
Los alegatos de apertura de la parte acusadora
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, se encargó de presentar el alegato de apertura. Durante 32 minutos, habló sobre una red delictiva en el corazón de la Fundación Judicial, que, además de buscar la impunidad del narcotráficante Leandro Norero, también constituía una demostración de la putrefacción del sistema democrático ecuatoriano. Toainga resaltó que, si bien este juicio es el procesamiento de 21 personas, también constituye el primer paso en la lucha contra la corrupción judicial.
De los 21 procesados, Toainga solo acusó a Xavier Novillo, alias Novi o Novita, como autor de delincuencia organizada. Los otros 20 procesados fueron identificados como colaboradores.
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Los roles de los 21 procesados, según el fiscal Toainga
Xavier Novillo habría dirigido, planificado y ejecutado las estrategias de la red delictiva y facilitado el pago de los sobornos a jueces, fiscales, policías, agentes del SNAI, etc.
Wilman Terán, como juez de la Corte Nacional de Justicia, habría dilatado un habeas corpus a favor del hermano de Leandro Norero a cambio de dinero.
Ronald Guerrero habría vendido sus fallos, pues fue el juez de Norero en el caso por lavado de activos en 2022.
Johan Marfetán, juez de la Corte del Guayas, negó el cambio de medidas sustitutivas de la esposa de Norero y la mantuvo en libertad, supuestamente tras ser contactado por la red delictiva.
Carlos Zambrano, como presidente de la Corte de Manabí, habría cuidado las espaldas del exalcalde de Manta Agustín Intriago, por pedido de Norero y Xavier Jordán, quienes alardeaban de tener sus tentáculos en el Municipio de Manta.
María José Aguirre, fiscal de Samborondón, cambió el tipo penal de tráfico de armas por los revólveres y pistolas halladas en la casa de Leandro Norero por el delito de tenencia de armas, que es más leve. De esta forma, permitió levantar la orden de prisión de Norero. También formuló cargos por alteración de evidencia contra funcionarios de Inmobiliar.
Jhon Camposano, fiscal, habría asesorado a Norero para dilatar una audiencia de formulación de cargos por narcotráfico.
Víctor Hugo Alcívar, fiscal, habría compartido información privilegiada con Norero a cambio de seguridad.
Doris Oviedo, agente de la Unidad contra el Lavado de Activos, habría adecuado un informe a favor de Norero.
Armando Ruiz Torres, policía, habría ayudado a la organización con su negocio de venta de autos y se ofreció a ser el enlace con el oficial investigador del caso de lavado, Christian Poma, quien nunca se dejó corromper.
Ángel Leal, agente de la Dinased, dio la idea de destruir las evidencias o reemplazarlas; por ejemplo, cambiar los lingotes de oro y los relojes de lujo de Norero por unas réplicas.
Fernando García Álava, policía, habría cuidado los bienes de Norero.
Alexander Iza, también habría cuidado los bienes de Norero.
Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, habría dado comodidades en la cárcel a Norero y permitido la liberación de sus gatilleros, alias Madrid y Cuyuyuy.
Pilar Guaita, agente penitenciaria, recibió 15.200 dólares de Braulio Mera, mensajero de Norero, para las comodidades en la cárcel.
Claudia Garzón, excomisionada de paz, habría facilitado las comodidades de Norero.
Kevin Prendes, abogado, logró que un juez de La Concordia, a quien se le sobornó, devolviera una casa incautada a Norero.
Sofía García, prima de Mayra Salazar, habría sido contactada para lograr un habeas corpus para la hermana de Norero en Cotopaxi y debía pagar los sobornos.
César Ácaro, abogado en libre ejercicio, habría ayudado en el pago de sobornos para los jueces.
Braulio Mera, alias Rayo, era mensajero de Norero y ayudaba en el pago de sobornos.
Eduardo Rodríguez Palomeque habría ayudado a financiar la organización.
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