Caso Pabel Muñoz: El TCE declara improcedente la segunda recusación contra un juez
Ángel Torres fue el primer juez recusado por la parte demandada. El segundo magistrado objetado fue Richard González por el demandante
La segunda recusación no pasó. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró improcedente la objeción presentada en contra del juez Richard González por parte del demandante, Juan Esteban Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La denuncia contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por una supuesta infracción electoral, ha atravesado tropiezos.
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El primer juez en el que recayó la causa, Ángel Torres, fue recusado por la defensa de Muñoz alegando que el magistrado tiene un vínculo cercano con otra de las denunciantes Mónica Gabriela Jaramillo Jaramillo. La recusación fue admitida y se volvió a sortear otro juez. En esta ocasión el caso reposó en el despacho del juez suplente Richard González. Este también fue recusado, en esta ocasión, por la parte demandante alegando afinidades con el demandado.
El incidente de recusación recayó en manos de la juez Ivonne Coloma. El pleno del Tribunal Contencioso Electoral decidió declarar como improcedente el pedido de recusación dado que en el proceso el juez Joaquín Viteri, a quien González reemplazaba en el pleno asumió de nuevo sus funciones. "A la fecha, la recusación presentada por el señor Juan Esteban Guarderas Cisneros deviene en improcedente por cuanto el abogado Richard González Dávila, juez suplente perdió competencia al haber dejado de subrogar al doctor Joaquín Viteri Llanga, juez de instancia asignado por sorteo en la presente causa".
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Este quiere decir que el juez Viteri es el nuevo magistrado que conocerá la demanda en contra de Muñoz. El alcalde de Quito fue denunciado por el presunto cometimiento de una infracción electoral grave al hacer uso de su cargo público para promocionar la candidatura presidencial de Luisa González, de las filas de la Revolución Ciudadana, durante la campaña electoral pasada. De llegar a ser encontrado podría acarrear sanciones económicas, pérdida de derechos políticos y hasta la destitución del cargo.
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