El caso Pandora Papers divide más a la Asamblea Nacional
La Comisión de Garantías Constitucionales es, oficialmente, la encargada en investigar al Presidente. Presidente de la Comisión de Fiscalización habla de boicot.
Dentro de la Asamblea Nacional hay una disputa sobre el caso Pandora Papers. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, acusa a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de “conspiración y boicot”.
El argumento de Villavicencio es que Llori convocó a una reunión del pleno este lunes 11 de octubre de 2021, a las 10:30, la misma hora que la Comisión de Fiscalización tenía previsto ir al Palacio de Carondelet para escuchar al presidente Guillermo Lasso y recoger sus justificaciones sobre las empresas que tuvo en Panamá y que fueron expuestas en el caso periodístico Pandora Papers.
El viernes pasado, la Asamblea, con 105 votos, dispuso que el caso conozca "de forma exclusiva" la Comisión de Garantías Constitucionales, cuyo presidente es José Cabascango, de Pachakutik, y Victoria Desintonio, Unión por la Esperanza (UNES), su vicepresiedenta.
Este domingo 10 de octubre del 2021, la Asamblea, a través de un comunicado, señala que “ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asuntos relacionados con los Pandora Papers”.
Además, la mayoría de los legisladores votaron porque la Comisión presidida por Villavicencio remita de manera inmediata toda la información y documentación relacionada con la investigación periodística de los “Pandora Papers”.
Villavicencio respondió por cuenta de Twitter. “A mi nadie me prohíbe fiscalizar, para eso me pagan. Asambleístas glosados vayan a pagar las glosas, las pensiones de sus hijos y luego aprendan a leer y escribir. Son la deshonra de la Asamblea. No les voy a dar un documento, vayan a pedir información a la casa de doña Bertha”.
Fiscalización pide información al presidente Guillermo Lasso sobre publicación de 'Pandora papers'
Leer másSegún la Asamblea, la Comisión de Cabascango debe en 30 días elaborar un informe pormenorizado, “con sus respectivas recomendaciones, para que sea conocido y debatido ante el pleno de la Asamblea”.
Esta investigación debe esclarecer si el Presidente de la República posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales.
