Caso Plaga: Cristian Romero y 12 abogados van a juicio
Los procesados son acusados por delincuencia organizada. Se investigó una red de corrupción en el sistema de justicia
El caso Plaga avanza a la etapa de juzgamiento. Se trata del tercer producto de una trilogía de investigaciones que comenzó con Metástasis y Purga y que ha puesto al descubierto las redes de corrupción dentro del sistema judicial de Ecuador.
El juez temporal Edison Cantos, de la Corte Nacional de Justicia, llamó a juicio en calidad de presuntos autores directos a 13 de las 14 personas acusadas por la Fiscalía General de delincuencia organizada.
El abogado Cristian Romero Moya, que defendió al narcotraficante Leandro Norero (asesinado en 2022) y al exvicepresidente Jorge Glas, destaca del listado. Para la Fiscalía, él sería el cabecilla de una red que operaba en el ámbito judicial desde 2022, “cometiendo una serie de delitos destinados a la obtención de beneficios económicos, utilizando al sistema de justicia”.
Esos ilícitos serían cohecho agravado, tráfico de influencias, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, oferta de tráfico de influencias, entre otros.
Uno de los modos de operar que la Fiscalía presentó en días pasados, en la audiencia preparatoria de juicio, es la coordinación de estrategias entre abogados, jueces y funcionarios judiciales. Estas habrían tenido como objetivo lograr la liberación de presos peligrosos, condenados por narcotráfico, asesinato, violación, etc. Se habrían usado certificados médicos falsos para justificar medidas de tipo constitucional como habeas corpus o acciones de protección.
“Los procesados habrían gestado la liberación e impunidad de personas privadas de libertad (PPL) a cambio de altas sumas de dinero. Para concretar sus ilegales objetivos, se valían de la colaboración de varias personas desde diversas aristas, tanto de la esfera pública como de la privada”, señaló la Fiscalía.
Críticas para la fase de investigación
Por otro lado, Eduardo Xavier León Micheli, defensor del juez Galo Efraín Luzuriaga Guerrero, ha señalado que su cliente no ha participado del esquema de corrupción y que en la fase de instrucción fiscal se violentaron derechos.
En su cuenta de X destacó que a los procesados que están prófugos “no se les permitió rendir su versión”, puesto que para declarar de forma libre y voluntaria debían presentarse en la Fiscalía, pero si ponían un pie, serían capturados.
“La ley no obliga que las versiones de los procesados sean exclusivamente presenciales, y quitarles este derecho de hablar, o condicionarlo para privarte de la libertad, es contrario a derecho. Es injusto”, escribió como una crítica a los “juicios mediáticos”.
En el auto de llamamiento a juicio, el juez Cantos ordenó que se detenga a ocho de los investigados que se encuentran prófugos. Entre ellos está Cristian Romero.
- Un sobreseído
El juez no encontró suficientes elementos para llamar a juicio al policía Hugo Arévalo, quien estuvo detenido. La tesis de Fiscalía era que aprovechó su cargo para facilitar el acceso a los sistemas informáticos y alterar información sobre prohibiciones de salida del país, pero no hubo suficiente evidencia.
- La suspensión
En esta causa, otras quince personas procesadas aceptaron su responsabilidad en los hechos y ya fueron sentenciadas mediante procedimiento abreviado, recibiendo condenas reducidas. Fue el caso del abogado Lenin Vimos Vimos, quien obtuvo 27 meses de cárcel por el juicio abreviado y por su cooperación eficaz.
- Los condenados
Al haber ocho personas prófugas, su etapa de juicio se puede suspender hasta que sean capturados o comparezcan. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la pena por delincuencia organizada es de hasta 10 años de privación de libertad. Pero este no puede juzgarse en ausencia.
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