Caso Plaga: el policía Hugo Marcelo Arévalo no obtuvo medidas cautelares
La fiscal Diana Salazar pidió que se rechace la solicitud del privado de la libertad, por carecer de argumentos
Este lunes 7 de octubre del 2024, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de medidas cautelares, presentado por el policía Hugo Marcelo Arévalo. Por lo que deberá defenderse en prisión.
El policía, que se encontraba en servicio activo, cuando fue detenido, es uno de los 14 procesados del caso Plaga. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó que se rechace el pedido del policía Hugo Marcelo Arévalo. Argumentó que no se han presentado justificaciones ni nuevas circunstancias que avalen una posible sustitución.
El juez rechazó la solicitud de revisión de medidas cautelares, planteada por el procesado. Y ratificó la prisión preventiva en su contra.
Desde la madrugada del 3 de abril, la Fiscalía General del Estado desarrolló un operativo denominado Caso Plaga, en ocho provincias del país. Todos son investigados por presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Durante los allanamientos realizados por parte de la Fiscalía en medio del denominado caso Plaga, se detuvo a Simón García, un exjuez de la provincia de Manabí que, en diciembre de 2022, emitió una boleta de excarcelación a favor de Daniel Salcedo.
— Diario Expreso (@Expresoec) April 3, 2024
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La Fiscalía identifica al policía Hugo Marcelo Arévalo como un colaborador de la organización delictiva, que aprovechó su cargo para facilitar el acceso a los sistemas informáticos. Y así informar e incluso alterar información sobre prohibiciones de salida del país de procesados. Habría mantenido conversaciones con otro procesado, Lenin Javier V.V., abogado y presunto líder de la organización delictiva.
Según la Fiscalía, los presuntos implicados, jueces, secretarios, abogados en libre ejercicio y policías, entre otros funcionarios, abusaron del derecho e hicieron que se otorguen acciones constitucionales a privados de la libertad. A cambio, los participantes obtuvieron dinero.
Los abogados presuntamente se encargaron de captar a personas privadas de la libertad, para ofrecerles una salida de la prisión, que les garantizaba impunidad. Para lograr su objetivo tejieron una red en el sistema judicial.
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