Caso-Plaga
Las autoridades realizaron operativos y allanamientos en cinco provincias, este 29 de junio de 2024.@FiscaliaEcuador

Caso Plaga: estos son los 17 nuevos procesados

La fiscal Salazar describió una red criminal que incluía la presentación de certificados médicos para liberar delincuentes

La fiscal Diana Salazar acusó a Cristian Romero, exabogado del narcotraficante Leandro Norero y del exvicepresidente Jorge Glas, como el cabecilla de una red criminal que “secuestró el sistema judicial”, con el objetivo de lograr réditos económicos por medio de sobornar a jueces para liberar a delincuentes peligrosos.

Él, junto con otras 16 fueron vinculadas al caso Plaga en una audiencia desarrollada la noche de este 29 de junio de 2024, en la Corte Nacional de Justicia, por el delito de delincuencia organizada.

Ella pidió al juez nacional Manuel Cabrera Espinel, la prisión preventiva de todos los sospechosos y detalló cada una de los indicios:

  1. CRISTIAN GEOVANNY ROMERO MOYA: líder de la estructura criminal, estructuró un sistema para sacar de la cárcel a sentenciados por delincuencia organizad, narcotráfico y violación. Pagaba sobornos a jueces, funcionarios penitenciarios, secretarios de juzgados y encargados del sorteo de causas.
  2. JORGE EDUARDO ARMENDARIZ ZULUAGA: Entregó un habeas corpus a favor de tres delincuentes, a cambio de 60.000 dólares. Perjudicó al GAD de Loja con un fallo en el que ordenó pagar 7 millones de dólares a la constructora Covipal, a cambio de pagar al juez 30.000 dólares. Ya había libertado a otros 10 delincuentes a cambio de dinero.
  3. JONATHAN ROBERTO AGUINDA SHINGUANGO: Redactaba los documentos jurídicos y ayudaba a pagar los sobornos. Fue abogado de Jorge Glas y Daniel Salcedo en una audiencia de habeas corpus ante el juez Banny Molina. Ayudó a liberar a los gatilleros de Leandro Norero, alias alias Madrid y Cuyuyui, a cambio de 200.000 dólares. Aguinda hizo el auto resolutivo de la medida cautelar a favor de Madrid y Cuyuyui, según el testigo protegido, Lenín Vimos. También partició en la redacción del recurso de casación.
  4. XAVIER RAÚL ARMIJOS BERMEO: Era funcionario del área jurídica de un centro de privación (SNAI) en Cuenca. Registra transferencias por 200.000 dólares, en 2022, por parte de los procesados. Era coordinador de Pabellones, desde donde captaba a los presos como clientes de Cristian Romero. Recibió dinero de Banny Molina, Omar Jarrín y Eva Molina Barrezueta, familiares de Banny Molina.
  5. JAVIER ENRIQUE GUANANGA CANDO: Abogado y colaborador de Cristian Romero. Ayudaba al pago de sobornos y comparecía como abogado en las audiencias. Se vendían como grandes abogados. Recibió dinero de Banny Molina y Lenín Vimos.
  6. DANNY ANDRÉS ORELLANA ZHUNE: Exfuncionario de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura y funcionario del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) en El Oro; era emisario de Lenin Vimos, procesados en el caso Purga, y contacto de operadores judiciales. Recibió dinero de Lenin Vimos y otros abogados procesados.
  7. BRYAN GUILLERMO PILCO ZÁRATE: Abogado en libre ejercicio y colaborador de Christian Romero. Ayudaba a pagar los sobornos y prestaba su licencia profesional para liberar delincuentes, entre estos José Andrés Mejía Bermúdez, alias 'San Andrés', y alias Brazudo. Recibió dinero de Aguinda, procesado.
  8. LUIS ABELARDO LUCERO LOAYZA: Juez del cantón Huaquillas. Entregó las boletas de excarcelación a alias San Andrés y alias Brazudo, de la narcobanda de Los Lobos. Recibió transferencias por Western Union desde México, a nombre de abogados procesados en caso Plaga.(También puede leer: Caso Plaga: Testigo dijo cómo era servir a los cabecillas más peligrosos del país)
  9. JORGE EFRAÍN MONTERO BERRU: Juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Dio la libertad de César Ruano, a cambio de 60.000 dólares, pero camuflaron la audiencia como una revisión de medidas.
  10.  PATRICIO ARMANDO CALDERÓN CALDERÓN: Juez de la Corte Provincial de Santo Domingo, parte del tribunal que dio el habeas corpus a César Ruano
  11. GALO EFRAÍN LUZURIAGA GUERRERO: Emitió una acción de habeas corpus, fue juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
  12.  VÍCTOR SAMUEL VEGA NOBLECILLA: Abogado de libre ejercicio y pareja de María José Lapo, quien ayudó a llegar al juez Franklin Teonorio. Habría liberado a un delincuente a cambio de 35.000 dólares. 
  13.  MELLANY DAYANA ALARCÓN TORRES: Responsable del eje económico, financiero y judicial. Tenía una relación con Cristian Romero. “Le administraba el dinero a Cristian Romero”, dijo la fiscal Diana Salazar. Era la que direccionaba los sorteos de las causas de habeas corpus. Pariente de Anabel Torrez, jueza de la Corte de Santo Domingo. Recibió dinero y gestionaba pagos a favor de funcionarios de la Judicatura de Santo domingo, que podrían ascender al 1 millón de dólares.
  14.  MICHAEL ISMAEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Exdirector de la Escuela de la Función Judicial en la época de Wilman Terán. Trabajó con Cristian Romero. Recibió dinero desde México por 5.064 dólares. Gestionó ciertos casos en la Corte Nacional de Justicia. Uno fue una casación aceptada parcialmente a favor de Gonzalo Ruales, sentenciado por oferta de tráfico de influencias. A cambio de 50.000 dólares se ordenó la suspensión condicional de la pena en casación. La Fiscal dijo que tenía como operadores en la Corte Nacional a Luis Rivera, Luis Rojas y "jueces Guillén, Córdova". 
  15.  MOLINA BARREZUETA BANNY RUBÉN: Exjuez de Garantías penitenciarias en Manabí. A cambio de dinero, liberó a delincuentes como Jorge Glas y Daniel Salcedo. Sus hermanos recibieron transferencias de Cristian Romero por 6.000, 2.750, 7.000, 15.500 y 3.000 dólares
  16.  GUZMÁN HERBOZO JOSÉ XAVIER: Juez (detenido) de Santo Domingo. Conoció un habes corpus para un sentenciado por violación a cambio de 10.000 dólares. Se argumentó que el preso tenía cáncer, pero se presentaron certificados médicos adulterrados. También devolvió a las filas policiales a un uniformado.
  17.  ZARAMA CRUZ ADRIANA CAROLINA: Juez del cantón Milagro, otorgó la libertad a Ricardo Darío Saltos, sentenciado por violación. También dio la libertad a Andreina Oviedo, conviviente de Wilson Padilla, alias Brazudo, asesino de Leandro Norero. Para ello se usaron certificados médicos adulterados.

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