Las defensas afirman que el caso Purga carece de sustento

En la reciente sesión de la Corte Nacional de Justicia, las defensas de los acusados en el caso Purga reiteraron su solicitud al conjuez Javier de la Cadena para que declare la nulidad de todas las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía. Este pedido llega en un contexto donde los pedidos de nulidad se han ido acumulando, complicando aún más el proceso judicial.

Durante el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio, los abogados de los procesados, quien anteriormente eran en su mayoría jueces en Guayas, expusieron una serie de acciones que consideran viciosas. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la prisión preventiva impuesta a Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, calificándola de "ilegal e ilegítima".

Además, acusaron a la Fiscalía de falta de imparcialidad y de no informar adecuadamente sobre investigaciones previas o testimonios anticipados de Mayra Salazar y Daniel Salcedo, los cuales, alegan, fueron manipulados. Estos argumentos forman parte de la estrategia de los abogados para evitar que se proceda a un llamamiento a juicio que complicaría aún más la situación legal de sus clientes.

La acusaci´ón particular dicen que hay una investigación robusta

Sin embargo, ni la Fiscalía, la Procuraduría, ni la Judicatura han dado crédito a estas alegaciones, piden que se desestimen y que se confirme la validez de lo actuado por la Fiscalía. Desde estas instituciones se asegura que la investigación llevada a cabo es robusta y refleja la existencia de una estructura ilegal dentro del sistema de justicia.

Wilson Toainga, fiscal general subrogante, ha destacado que este caso es una extensión del caso Metástasis y evidencia la corrupción arraigada en el sistema judicial, especialmente en la provincia del Guayas. Toainga resaltó que la investigación ha revelado indicios claros de cómo la delincuencia organizada ha infiltrado la justicia, facilitando así la corrupción por parte de jueces que favorecieron a Muentes.

Los defensores volvieron a resaltar que, a pesar de los pedidos a la Fiscalía, la entidad no permitió explotar los audios, que los abogados amplíen sus versiones o conozcan cuántas veces el abogado vinculado al Banco del Pacífico ingresó a la cárcel para visitar a Salazar.

Por su parte, Toainga, respondió que este audio, así como las redes que lo difundieron o las actividades de los abogados son parte de una investigación reservada.

El juez De la Cadena pospuso la resolución de estas cuestiones al final de la audiencia, retirándose para meditar sobre su decisión tras revisar un extenso expediente fiscal. Prometió anunciar pronto la fecha en la que dará a conocer su fallo sobre la validez de la investigación, lo cual será decisivo para el futuro del caso.

Mercedes Villareal, exdirectora de la Judicatura, está imputada

En esta fase, la resolución que se espera es conocer si declara o no la validez de la investigación. El siguiente paso consistirá en devolver la palabra al fiscal Toainga, quien expondrá su alegato, en el que puede acusar a unos y pedir el sobreseimiento de otros procesados.

Aunque todavía en esta fase de la audiencia, la Fiscalía no ha anunciado parte de las pruebas ni los grados de responsabilidad, sí resaltó la actuación de Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura del Guayas, quien fue detenida en España y está en espera de la extradición a Ecuador. Indicó que el caso Purga implica a personas que estaban en posiciones de poder dentro de la justicia, por lo que se trata de un caso emblemático.

En este proceso también están imputados dos excomandantes del Colegio de Ingenieros del Ejército vinculados a una acción de protección irregular por un contrato de repavimentación para la Alcaldía de Quito.

• Este emblemático caso también ha venido acompañado de múltiples recursos legales como revisiones de medidas cautelares y recusaciones, lo cual ha dilatado el proceso, reflejando la complejidad y la carga emocional de los involucrados.

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