Defensa. El abogado del exasambleísta, Pablo Muentes, ha cuestionado el testimonio que dio Salazar a Fiscalía.
Defensa. El abogado del exasambleísta, Pablo Muentes, ha cuestionado el testimonio que dio Salazar a Fiscalía.Foto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

Caso Purga: Cuerpo de Ingenieros del Ejército estaba inquieto por Metástasis

En el juicio de Purga se revisan chats de 57 dispositivos. Mensajes de procesada revelan preocupación por investigación

Este martes 11 de febrero de 2025, en el cuarto día de la audiencia de juicio por el caso Purga se presentó el testimonio del mayor de Policía Marco Pazmiño, perito experto en informática que estuvo a cargo de la cadena de custodia y extracción de información de 57 subcadenas entre celulares, computadoras y otros dispositivos incautados durante los allanamientos por esta causa.

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El tribunal conformado por los jueces Daniella Camacho (ponente), Felipe Córdova y el conjuez Marco Aguirre, presidieron la sala en la que estuvieron los 13 implicados.

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Se leyeron chats de una de las procesadas en una de las aristas de este caso surgido a partir de Metástasis: el del Cuerpo Ingenieros del Ejército. Se trata del teléfono de Ruth Catalina Solano, exdirectora de Asesoría Jurídica de esa institución militar, quien actualmente se defiende en libertad, pero mantiene medidas cautelares: presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Preocupación por el favor de Fabiola Gallardo 

Las conversaciones del celular muestran la preocupación que había entre varias personas dentro de la entidad militar que conocían sobre el tema. Tenían temor de cumplir con lo ofrecido y dejar huellas que pudieran perjudicarlos a futuro.

En un chat de Solano con el coronel Xavier Riofrío, comandante de la entidad, le comentaba, en qué estado estaba el caso. Allí aparecía una ayuda memoria en la que se mencionaba “el momento crucial” por el que atravesaba la institución, porque si no conseguían que la acción de protección que presentaron en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito (Epmmop) fuese a su favor, se la registraría como contratista incumplido y le impediría contratar con entidades públicas durante cinco años.

El piso de la sala de reuniones la Corte de Guayas, que Fabiola Gallardo quería dejar como una huella de su paso por la presidencia, según los chats, sería el pago por haber fallado a favor del Consorcio de Repavimentación Quito, del que es parte Inmosolución SA, empresa perteneciente al Issfa. 

Tranquilidad del fallo le duró poco a los Ingenieros del Ejército 

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La jueza Larissa Ibarra negó en primera instancia la acción que solicitó el Cuerpo de Ingenieros en Samborondón, pero la entidad apeló y el tribunal a cargo estuvo conformado por los jueces Henry Taylor, Gallardo y Guillermo Valarezo. 

Ellos aceptaron parcialmente la acción y en la entidad militar hubo un respiro, pues debían firmar varios contratos por construcción de carreteras y otras obras que no podían perder por el litigio con la Epmmop.

Sin embargo, la empresa municipal presentó un recurso de ampliación y la preocupación volvió. Según ese chat, la famosa remodelación se convirtió en una ayuda importante porque les serviría para colocar ese piso y una vez que estuvieran “contentos” preguntarle a los jueces qué contestarán frente a ese recurso. 

En el diálogo mencionaron que el trabajo era “su as bajo la manga” y Solano llama a Gallardo como “aliada” de la institución militar.

Durante la audiencia de juicio del caso Purga se conoció el testimonio del mayor de Policía Marco Pazmiño, perito experto en informática.
Durante la audiencia de juicio del caso Purga se conoció el testimonio del mayor de Policía Marco Pazmiño, perito experto en informática.Foto: Cortesía Corte Nacional de Justicia

Presión del nexo entre la Corte y el Cuerpo de Ingenieros

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De esa conversación también se desprende que estaban preocupados porque no sabían cómo justificar los pagos. El piso costó alrededor de 7.000 dólares y Solano se encargó de sacar el dinero desde su cuenta hacia las de otras personas como Mayra Salazar, para pagar la mano de obra, una empresa a la que le compraron las cerámicas e incluso hay un desembolso de 2.000 dólares para Tatiana Villafuerte, asesora de Pablo Muentes cuando fue asambleísta. 

Mencionan también constantemente a Andrés Chávez, quien era el principal nexo entre la Corte y el Cuerpo de Ingenieros y hacia quien transfiere 100 dólares. Salazar y Gallardo lo llamaban “Andrés el tóxico”, pues es quien hacía mayor presión por los resultados.

En los mensajes hay registros de cómo se inició la búsqueda de un contacto con la Presidencia de la Corte del Guayas, con la idea de conseguir un fallo favorable. 

En todo momento es notoria la preocupación de que tanto en la Corte como en su institución alguien sepa que se hacía esa maniobra, pues incluso mencionan que “no es moral”. Sin embargo, la realizan porque ya se comprometieron.

  • Mensajes. También se revisó el chat que mantuvo Solano con su esposo y Fer Lara. El nerviosismo aumentó cuando estalla el caso Metástasis.

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Durante el inicio de la jornada, se revisaron otros chats de celulares como el de Villafuerte con Muentes o con una asistente del estudio jurídico del abogado Rafael Oyarte, que había representado al exasesor en el caso Banco del Pacífico. 

Allí se comparte información sobre el caso y documentos judiciales. También hay conversaciones con el juez Alberto Lino Tumbaco, quien es testigo protegido y está procesado. Él tuvo a cargo una de las causas relacionadas por el caso del banco. 

El perito Pazmiño continuaba mostrando extractos de chats, esta vez del teléfono de Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura, con Mayra Salazar. Comparten tuits donde se habla del supuesto tráfico de influencias dentro del sistema judicial en Guayas.

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