Caso Purga: Fabiola Gallardo y otros procesados apelan a la prisión preventiva
La expresidenta de la Corte del Guayas, procesada por delincuencia organizada, ha denunciado tratos crueles
No está conforme con el trato que recibe en la cárcel. El 7 de agosto de 2024, se instaló en una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, y de otros procesados en el caso Purga por delincuencia organizada.
La expresidenta de la Corte de Guayas se encuentra con prisión preventiva en una celda del pabellón de mujeres del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi desde el 4 de marzo pasado.
Gallardo, en particular, se ha quejado del trato recibido durante su estadía en el centro de rehabilitación social. Aseguró, el pasado 12 de junio, que durante las primeras dos semanas no se permitió a sus familiares ingresar ropa, toallas, pasta de dientes y cobijas. Además, relató que no tuvo agua durante nueve días y que recibe solo una comida al día por parte del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
08:20 | Se instala la audiencia
La defensa de Ruth Solano Padilla, quien fue procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue la primera en presentar la apelación contra la prisión preventiva. Durante los alegatos, se argumentó que solo existen dos elementos de convicción en su contra, los cuales han sido calificados como incongruentes. La defensa sostiene que Solano no ocupaba un puesto jerárquico y, a pesar de ello, es la única persona detenida. Además, se argumentó que las fechas de los chats con Mayra Salazar no coinciden con la supuesta manipulación de justicia para adjudicar a favor del Cuerpo de Ingenieros una acción de protección.
Según la Fiscalía, Solano Padilla entregó $1,400 a Mayra Salazar para el pago de los obreros encargados de las adecuaciones del piso en la presidencia de la Corte de Justicia de Guayas. Este hecho ocurrió tras la intervención de Fabiola Gallardo, titular de la Corte Provincial de Justicia, en decisiones judiciales, como la acción de protección con medida cautelar contra la Empresa Pública de Obras Públicas de Quito por un contrato de repavimentación de $30 millones de dólares.
La defensa de Gallardo solicitó la liberación inmediata de Solano o la imposición de una medida sustitutiva a la prisión preventiva. El abogado de Gallardo destacó que resulta alarmante que Solano Padilla sea la única en prisión, mientras que los dos militares de alto rango también implicados en el caso están en libertad. Estos militares tenían influencia en la toma de decisiones, según el alegato, a diferencia de Solano Padilla, quien era "una subordinada".
Fabiola Gallardo
La defensa de la expresidenta de la Corte del Guayas especificó que la Fiscalía no ha justificado adecuadamente la solicitud de prisión preventiva contra Gallardo. Por ello, solicitó la revocación de la prisión preventiva y la imposición de medidas cautelares.
Guillermo Valarezo Coello
La defensa de Valarezo apeló a la sensibilidad del tribunal, argumentando que su cliente, el exjuez de la sala penal de la Corte Provincial de Justicia, tiene dos hijos, uno de los cuales presenta capacidades diferentes desde su nacimiento y necesita tratamiento.
Este proceso, según los alegatos, se ha visto interrumpido desde que Valarezo fue detenido y desvinculado de su trabajo por el Consejo de la Judicatura. Según la defensa, el hijo de Valarezo no recibió terapia durante tres meses debido a problemas económicos, lo que ha causado un retroceso en sus niveles de comunicación. Además, se alegó que el exjuez enfrenta problemas psicológicos en el penal y no se le permite salir a tomar el sol.
Guillermo Valarezo Coello, quien fue juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, está acusado de haber otorgado, en 2022, un habeas corpus a favor de Junio Roldán (+), exlíder de Los Choneros. Esta decisión permitió a Roldán salir de la cárcel Regional del Guayas.
Esteban Chávez Peñaherrera
Esteban Andrés Chávez Peñaherrera, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, es acusado de haber coordinado el fallo favorable de una acción de protección en contra de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito. Sin embargo, su defensa alega que la institución a la que pertenecía es una entidad jerárquica, y que ninguna decisión o acción pudo haberse realizado sin la disposición de sus superiores: "Él era un jurídico más en el Cuerpo de Ingenieros".
La defensa de Chávez argumentó: “¿Por qué los uniformados militares no tienen prisión preventiva, a pesar de que tienen injerencia en la entidad? ¿Por qué el juez no motivó las medidas cautelares interpuestas a los altos mandos? ¿Por qué, de los cuatro funcionarios implicados, solo dos gozan de medidas alternativas? ¿No recae el riesgo de fuga sobre ellos también?”.
Además, se alegó que el juez de La Cadena no sustentó debidamente la participación de Chávez en la supuesta estructura de delincuencia organizada que operaba dentro de la Corte del Guayas.
José Poveda
José Poveda Araus, exjuez de la Corte del Guayas, está acusado de haber otorgado en 2022 una boleta de libertad a favor de Daniel Salcedo, quien era investigado por la venta de insumos con sobreprecio a hospitales. También se le acusa de manipular la justicia para favorecer a Pablo Muentes en una causa relacionada con el Banco del Pacífico. La defensa de Poveda alegó que no se ha demostrado su participación como autor directo de delincuencia organizada ni que haya recibido dinero o facilitado documentación en el caso de Muentes contra el Banco del Pacífico.
La defensa de Poveda solicitó, después de señalar que el juez no presentó motivaciones suficientes para justificar la disposición de prisión preventiva, que se le conceda la liberación o se le imponga cualquier medida sustitutiva a la prisión preventiva.
Motivación insuficiente
La audiencia continuó, y la defensa de los otros tres procesados en el caso Purga coincidió en señalar que la motivación para imponer la prisión preventiva a los acusados fue insuficiente. Además, se argumentó que faltan elementos vinculantes que demuestren la autoría de los implicados en el supuesto esquema de delincuencia organizada que habría permeado el sistema de justicia.
La defensa de Jaqueline Domínguez, excoordinador provincial de Talento Humano del Consejo de la Judicatura del Guayas; Silvia Orozco, exjuez de la Unidad Judicial Civil, Mercantil de Guayaquil; Susana Batalla Lam, técnico de ventanilla e información en el Consejo de la Judicatura del Guayas; y otros procesados en esta causa, solicitó remplazar la prisión preventiva por una medida cautelar, como la prohibición de salida del país, la presentación periódica o el uso de un grillete electrónico.
Fiscalía, Procuraduría y Judicatura responde
El fiscal General (s), Wilson Toainga, rechazó los argumentos de los abogados de los ocho implicados que apelaron la prisión preventiva. Ratificó la motivación y los fundamentos utilizados para solicitar la medida y pidió que se desestime la apelación. A esta intervención se sumaron la Procuraduría General del Estado y el Consejo de la Judicatura, que argumentaron de manera individual que el pedido de prisión preventiva se basa en elementos sólidos y suficientes, solicitando el rechazo de la apelación y destacando el peligro procesal.
Resolución
Luego de casi seis horas de audiencia, que incluyeron alegatos por parte de la defensa de los ocho procesados, así como la contrarreplíca de la Procuraduría, el Banco del Pacífico y la Fiscalía, el juez a cargo de la diligencia suspendió la sesión para deliberar. Indicó que la diligencia se reanudará para dar a conocer la disposición del magistrado.
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