Caso Purga: Muentes, su primo y el juez Cevallos buscan medidas cautelares
Los abogados del exasambleísta, de Alarcón y del magistrado pretenden que el juez cambie la prisión preventiva y arresto domiciliario.
Fechas de documentos y los mismos chats de Mayra Salazar, donde se los mencionaría, usaron los abogados del exasambleísta Pablo Muentes, su primo, Fausto Alarcón; y el exjuez Reinaldo Cevallos, para exponer sus alegatos en la audiencia de este 21 de marzo de 2023, donde solicitaron la revisión de medidas cautelares.
Los representantes legales dieron sus argumentos ante el juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia, para intentar que se cambie la prisión preventiva y el arresto domiciliario contra los tres procesados, que son parte de los 11 capturados por el caso Purga.
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El fiscal subrogante, Wilson Toainga, solicitó que deseche la petición de los abogados y que mantenga la orden de prisión preventiva contra Muentes y Alarcón; y que Cevallos siga en arresto domiciliario.
Así fue la defensa de los abogados
El abogado de Pablo Muentes, Diego Chimbo, entre sus alegatos, cuestionó las fechas del juicio entre el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) y el Banco del Pacífico, y de otros documentos como la del certificado de posesión en el cargo de asambleísta principal.
El defensor también aseguró que en los chats presentados por la Fiscalía sobre la exrelacionadora pública de la Corte del Guayas, la comunicadora no se refiere a Muentes como “el amigo”, sino a Daniel Salcedo.
Por su parte, el representante de Alarcón cuestionó que se diga que los ingresos que percibió el primo de Muentes en su empresa de sánduches no justifican la compra de los terrenos de los que se habría apropiado, como sostiene la Fiscalía. También alegó que el procesado tiene problemas de salud y pidió que se cambie la prisión por medidas cautelares.
Enseguida, el defensor del juez, Julio Cevallos, sostuvo que su representado “no resolvió a favor de alias ‘Fito’”, sino que “solo dirimió competencias”. También aseguró que no hay riesgo que pueda influenciar en la investigación, pues fue suspendido del cargo.
El fiscal Toainga respondió a cada uno de los alegatos y dijo que la investigación se basa en actuaciones policiales. En este caso señaló que aún continúa llegando información y que se sigue aportando a la causa. Respecto a los certificados médicos, manifestó que no tienen nada que ver con los hechos fácticos y que Alarcón no padece una enfermedad catastrófica para cambiar la medida.
La representante de la Procuraduría también pidió negar la modificación de las medidas para asegurar que los procesados asistan a un eventual juicio y su reparación al Estado.
El juez suspendió la audiencia después de casi tres horas y dijo que convocará a las partes para dar a conocer su decisión.
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