Caso Reconstrucción: una justicia que tarda como varias obras

El país no ha podido pasar la página. Ni las obras de reconstrucción han concluido ni los juicios han llegado a sentencias absolutorias o condenatorias. A nueve años del terremoto de Manabí, sigue activo un proceso penal por los posibles malos manejos económicos en las obras para la reconstrucción.

De hecho, el 15 de abril, en la Corte Nacional de Justicia se realizó la audiencia preparatoria de juicio contra Jorge Glas, Carlos Bernal y otras siete personas, acusados por la Fiscalía de un presunto peculado. Si bien su procesamiento comenzó el 5 de enero de 2024, cuando se presentaron cargos, la investigación previa data de abril de 2019, pero los rumores de malos manejos empezaron en 2017, al punto de que ese año hubo una campaña en redes denominada ‘Si es con Jorge Glas, es conmigo’.

El tema del tiempo transcurrido es uno de los principales argumentos de las defensas. “El plazo máximo para la indagación previa es de dos años. Sin embargo, dicho plazo se excedió de manera injustificada”, ha señalado José Luis Chica Valencia, abogado de Carlos Bernal, al tiempo que ha solicitado la nulidad del proceso.

Desde lo político se ha usado el mismo argumento, con el fin de crear un relato. Por ejemplo, el pasado 27 de febrero la asambleísta Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana, envió un escrito al Consejo de la Judicatura, pidiendo a la institución que “se sirva certificar, a través de los jueces de la causa, la fecha de inicio y fin de indagación previa por parte de la Fiscalía General del Estado del juicio en referencia (...)”.

A su tarea fiscalizadora se sumó también el discurso en las redes sociales. El pasado 11 de marzo, mientras se desarrollaba la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, escribió en X: “Lo que no te dicen: La Fiscalía inició una investigación en 2019, pero recién formuló cargos en enero de 2024, cinco años después, superando el plazo de dos años establecido en el art. 585.2 COIP. Ilegalidad evidente. ¿Coincidencia? No, represalia; porque en 2023, la bancada de la Revolución Ciudadana presentó el juicio político contra Diana Salazar”.

Una parte del relato que las asambleístas no cuentan es sobre el pedido para formular cargos, que también sumó demoras. La Fiscalía lo presentó el 1 de junio de 2023, antes del juicio político a Diana Salazar. Sin embargo, este procesamiento tardó meses debido a que la Corte Nacional buscó el permiso de la Asamblea Nacional.

Y tras seis meses, el 21 de diciembre de 2023, la Asamblea lo sometió a votación y fue un estorbo. “Hoy la Asamblea negó la solicitud de enjuiciamiento penal contra el exvicepresidente Jorge Glas. Su nueva farsa de persecución política no pasó; todos sabemos que las obras de la reconstrucción fueron hechas para beneficio de Manabí, como el Parque Las Vegas”, escribió en X la legisladora Espín.

A estos movimientos políticos se sumaron los constantes diferimientos de audiencias. La Fiscalía sostiene que sí hubo un peculado y un perjuicio sobre 300 millones de dólares por la priorización de proyectos “sin un sustento técnico”, con el fin de supuestamente direccionar a empresas relacionadas con los procesados.

Los perjudicados, tanto de la falta de justicia como de obras inconclusas

En el fondo de este juicio están los beneficiarios de las obras, estos son los manabitas que fueron los principales afectados por el terremoto, por la muerte de sus familiares, por la destrucción de sus casas, hospitales, escuelas, negocios, etc., que aún esperan respuestas.

Al 2025, aún persisten numerosas obras pendientes relacionadas con la reconstrucción. El Diario, un medio manabita, informó sobre las condiciones de riesgo en las que aún viven decenas de personas. Se trata de los bloques multifamiliares ubicados en las ciudadelas Los Tamarindos, Los Olivos y Los Almendros, en Portoviejo.

“Estas estructuras sufrieron severos daños estructurales durante el sismo y fueron catalogadas como inhabitables por los informes técnicos emitidos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Municipio de Portoviejo. Sin embargo, cientos de personas han regresado a vivir en estas edificaciones ante la falta de alternativas habitacionales viables”.

• Juez. Marco Boris Aguirre debe resolver si llama a juicio o no a los nueve procesados, pues ya declaró válida la fase de instrucción.

• 367 millones de dólares, de los 1.600 millones recaudados, son los que están en investigación. 

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