El caso Seguros Sucre fue un ‘copy paste’ de la trama Isspol

Antes de que salte a la luz el caso relacionado con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), ya la trama estaba advertida. El mismo modus operandi se aplicó para desaparecer una parte de los ocho millones de dólares en bonos del Estado que la aseguradora puso en manos de Westwood Capital Market a través de Ventura Casa de Valores, en el año 2015.

En ambos, la Fiscalía ecuatoriana tiene procesos abiertos, y el que más avanzado está es el caso Isspol, que tiene casi 20 detenidos, mientras en la presunta estafa a Sucre existen llamados a declarar. En Estados Unidos están detenidos por operaciones ilícitas Juan Ribas, expresidente de Sucre; y por el caso Isspol, Jhon Luzuriaga, exgerente de Riesgos.

Luis Álvarez, exgerente del Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores), declaró haber recibido sobornos y está siendo procesado por blanqueo.

En septiembre de 2020, tras la denuncia de la exministra de Gobierno María Paula Romo, se desveló el manto de misterio con el que estaba cubierta una inversión, en varios papeles, de más de $ 954 millones. Eran siete tipos de títulos: operación swap (con papeles de deuda interna), bonos global con pacto de recompra, bonos global puros, cesión de derechos fiduciarios, obligaciones, facturas comerciales y certificados de tesorería.

Un año antes se había denunciado una trama igual con los bonos con pacto de recompra en Seguros Sucre. Los actores eran, en parte, los mismos del caso Isspol: Decevale, Westwood Capital Market, Ventura Casa de Valores, la Superintendencia de Compañías. Pero el actor principal del reparto, desde donde se canalizaban las inversiones, era uno: Valpacífico, la casa de valores que hoy está intervenida y cuyo accionista es la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Tanto el Isspol como Sucre compraron bonos del Estado, en cuya administración entregaron a Westwood Capital Market. Esta última recibió de Isspol bonos con pacto de recompra por $ 85 millones. Y de Sucre, $ 8 millones bajo la misma figura.

Cartas y oficios escritos por el exgerente de Valpacífico José Ibáñez (hoy liquidador de Ecuagran y Delcorp, que tienen también deudas impagas con el Isspol, Biess y otras entidades) circularon para los entes del Estado responsables. En esos escritos se pedían varias cosas: al Isspol y a Sucre, desinvertir, porque lo que habían hecho los anteriores administradores de la casa de valores era ilegal, y esta no podía negociar ese tipo de papeles. A las superintendencias de Compañías y de Bancos, que exijan acciones. Al Decevale, que muestre los pagos realizados por las inversiones. Y al excontralor Pablo Celi, que revise la actuaciones. Nada se hizo.

Incluso fue desestimada la denuncia de 2018 contra Luis Álvarez, exgerente del Decevale, por custodiar títulos que no estaban registrados en el catastro público del mercado de valores por el caso Sucre.

La CFN también fue advertida y hay oficios en los que se habla con Valpacífico de iniciar acciones legales conjuntas con Sucre para recuperar el dinero invertido con Westwood.

Hoy, por el caso Isspol (mas no por Seguros Sucre), Álvarez está procesado, como lo están otros exdirectivos del Decevale y de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), como exadministradores del Isspol.

Sucre tiene un saldo pendiente de cobrar de más de $ 6 millones. Westwood y Ventura también habrían recibido del Isspol otros $ 2,6 millones bajo la figura conocida como reporto privado de valores; figura que, según la Superintendencia de Bancos, no estaría contemplada en la normativa vigente.

Luis Domínguez, de Ventura, fue llamado a declarar por una investigación que la Fiscalía realiza por el delito de peculado en el caso Isspol, en el cual también ha sido llamado Luis Álvarez, exgerente del Decevale.

En 2018 Álvarez ya tuvo una demanda en su contra: el Decevale también se mostró como custodio de los bonos de deuda de Sucre administrados por Westwood. La demanda, presentada por el exgerente de la casa de valores Valpacífico, tuvo una respuesta negativa de la justicia.

EXPRESO tuvo acceso a las cartas presentadas desde el 2018, incluida la entregada al ahora excontralor Pablo Celi, a la cual él contesta que la autoridad competente en ese caso es la Superintendencia de Compañías.