Caso Singue: 15 procesados acusados como autores de peculado
Entre los procesados por la adjudicación del campo petrolero están Glas, Pareja y Pástor.
La Fiscalía sustentó su dictamen acusatorio por el presunto delito de peculado que se habría registrado en la adjudicación del campo petrolero Singue. Los 15 procesados, encabezados por el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzellli y de Energía No Renovable Wilson Pástor, fueron acusados como supuestos autores del presunto delito.
La fiscal Diana Salazar expuso la tarde de este lunes 23 septiembre elementos generales a todos los procesados, comunes por grupos e individuales para los 15. Lo hizo luego de que el juez Iván Saquicela declarara la validez de todo lo actuado al resolver los vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad.
El juez no dio paso a los argumentos de los defensores que durante la mañana de este lunes, en la primera parte de la audiencia, pidieron la declaratoria de nulidad argumentando que el informe de Contraloría —que estableció indicios de responsabilidad en el caso— había caducado y era extemporáneo. La Contraloría determinó presuntas anomalías en la adjudicación del contrato y la tarifa del barril de crudo que, según el organismo de control, la tarifa de 33,50 por barril a favor del consorcio fue establecida sin sustento técnico ni legal.
También mencionaron que habían quedado en la indefensión debido a que la Fiscalía no habría dado paso a sus pedidos de que se recepten las versiones de peritos privados que elaboraron informes favorables a los sospechosos. Pero el juez concluyó que la información de la Fiscalía era que los informes se habían incorporados al expediente y en una etapa de juicio se podrían recibir los testimonios que ellos requieren.
Según el exministro Pástor, el Estado se ha beneficiado como en ningún otro contrato petrolero, de alrededor de 60 suscritos. “Me ratifico, la cifras del Ministerio de Energía No Renovable señala que el Estado ha recibido más de 150 millones de dólares de beneficio mientras que la compañía no recupera todavía las inversiones, donde está el perjuicio para el Estado?”, se preguntó.
La fiscal Salazar concluirá su emisión del dictamen acusatorio con el pedido del llamamiento a juicio para todos los procesados y el anuncio de pruebas, testimoniales, periciales y documentales. Ella mencionó que esa tarea le tomaría entre dos horas y media y tres horas. Al momento su intervención sigue en el octavo piso de la Corte Nacional. Entre otras anomalías, insistió en que la empresa no estaba domiciliada en Ecuador y no había evidencia de su solvencia financiera.
