Caso Singue: abogados buscan la inocencia de 7 condenados

Un año y medio después de la sentencia que condenó al exvicepresidente Jorge Glas y a otros a ocho años de cárcel por presunto peculado en la adjudicación del campo petrolero Singue, en la Corte Nacional se instaló la audiencia de apelación del fallo.

Son siete los procesados que apelaron la condena impuesta. La tercera para Glas, quien ayer no se conectó a la diligencia desde la cárcel 4 de Quito, argumentando que había sido contagiado con COVID-19. Sus defensores se conectaron a la plataforma Zoom para seguir la diligencia instalada pasadas las 11:00 en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia.

A la diligencia acudió el exministro de Hidrocarburos Wilson Pástor y se conectó virtualmente el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli.

Todos los defensores, a su turno, fueron a pedir el sobreseimiento de sus defendidos. Édison Loaiza, defensor de Glas, pidió que se reexamine toda la prueba y que se revoque la sentencia, la tercera por presunta corrupción que recibió el exvicepresidente.

Mientras que Rubén Rueda afirmó que los procesos licitatorios son revisados por un comité que emite los instrumentos necesarios como los instructivos para la licitación, el modelo de contrato para la prestación de servicios, bases de contratación o los métodos de evaluación de ofertas, instructivos, modelos económicos, entre otros.

Dijo que en la fase precontractual es obligación del Comité aprobar los documentos previos y que en la adjudicación del caso Singue, localizado en la Amazonía, hubo un solo oferente. Además, esa licitación fue una de seis que se convocaron.

Diego Yépez, defensor de Andrés Donoso, pidió se declare la nulidad por violación de trámite y del debido proceso. Argumentó inexistencia de responsabilidad. También espera que el tribunal ratifique la inocencia de su cliente por falta de materialidad.

Juan Pablo Albán, abogado de Pástor, habló de un informe inexistente presentado como prueba que fija en 5 millones el presunto perjuicio al Estado.

Para él no hubo tal perjuicio, no hay tipicidad, no hay comportamiento contrario al derecho de Wilson Pástor. Adicionalmente, para que la conducta sea antijurídica debe lesionar el bien jurídico afectado y su conclusión es que el patrimonio del Estado se ha incrementado con el contrato de Singue.

Paúl Ocaña patrocina a José Burgos, Ramiro Cazar y César Guerra. También para él no existe perjuicio al Estado. Solicitó se ratifique la inocencia de sus clientes.

El fiscal Wilson Toainga precisó al tribunal, integrado por Luis Rivera, Daniella Camacho y Felipe Córdova, que los pedidos de los abogados no son nuevos y se trataron en la diligencia preparatoria de juicio. El juez del caso rechazó la pretensión.

La Fiscalía inició una investigación con base en un examen especial de la Contraloría al contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque Singue (Sucumbíos), en el que se revelaron posibles irregularidades en la negociación y firma de convenios. Al cierre de la edición, la audiencia continuaba en la Corte con los alegatos de Toainga. 

La cifra 

28,4 millones de dólares sería el perjuicio para el Estado, según un informe de la Fiscalía.