Caso Sobornos: la defensa gana tiempo
El tribunal que conoce los recursos suspendió la audiencia para la revisión del fallo. El respiro durará hasta el lunes cuando se retome la audiencia
Los abogados de los sentenciados por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016 ganaron tiempo. Ayer el tribunal integrado por David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán suspendió la audiencia de apelación de la sentencia de ocho años impuesta en abril al expresidente Rafael Correa, sus colaboradores y empresarios.
Menos de 20 minutos duró instalada la diligencia, en la que no se dio paso a los incidentes generados por Alembert Vera y Jorge Luis Ortega, defensores de Wálter Solís, quien fue secretario de Senagua durante el mandato de Correa.
Tribunal Penal de la @CorteNacional de Justicia, integrado por Dr.David Jacho (ponente), Dra. Dilza Muñoz y Dr. Wilman Terán, instala audiencia de apelación en contra de Alexis M. y otros, por el presunto delito de cohecho, dentro del proceso No 17721-2019-00029G. pic.twitter.com/SGQmvFORLu
— Corte Nacional (@CorteNacional) June 24, 2020
Era la segunda citación. Su instalación fue convocada bajo prevenciones de ley. La diligencia había superado la recusación presentada por uno de los procesados, los pedidos de diferimiento y las solicitudes de postergar la audiencia por los contagios con COVID-19 de dos defensores.
Ya en el mismo día de la audiencia hubo demoras por fallas en la conexión, lo que afectó principalmente a Ramiro Galarza, defendido por el expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha Ramiro García.
Lo que ningún argumento había hecho posible (la suspensión), lo consiguió Vanessa Zavala, defensora de Vinicio Alvarado. Ella puso énfasis en que la sentencia escrita íntegra no le llegó tampoco a ella y eso sería una causal de nulidad.
Abogados como Paúl Ocaña, defensor de Teodoro Calle, consideran que al ser reiterativo el pedido los jueces pudieron dudar. Por eso concedieron tiempo para que los defensores que deseen hacerlo, revisen el fallo. Pablo Encalada, defensor de Rafael Córdova, cree que por el apuro de instalar la audiencia su inicio fue bastante atropellado. Dijo que los abogados fueron ubicados en distintas salas, diferentes al tribunal, en las que ni siquiera se garantiza que les vean o escuchen. Encalada mismo tuvo problemas.
“Estuve tratando de que me den la palabra, pero ni me vieron los jueces”, aseguró. Para la próxima audiencia pedirá por escrito que se garantice la publicidad, y que los medios y el público accedan a las salas de audiencias telemáticas porque “este caso no se puede resolver en secreto”.
El 7 de abril, en plena cuarentena por el coronavirus, el tribunal presidido por el juez Iván León anunció que 20 personas fueron halladas culpables de integrar una estructura criminal dedicada a la recepción y distribución de aportes ilegales de contratistas del Estado.
Las contribuciones se hacían en efectivo y por cruce de facturas. Los beneficiarios, según la Fiscalía, eran los colaboradores del círculo cercano de Correa y las campañas de Alianza PAIS.
Según los jueces, en el juicio se comprobó que los aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas de PAIS 2012-2016 se reportaban al nivel jerárquico superior, es decir, a Correa y al exvicepresidente Jorge Glas.
Correa y su exvicepresidente fueron declarados autores mediatos del delito. Sus colaboradores cercanos fueron considerados coautores. Y como autores directos del ilícito, los empresarios y representantes de empresas. Con Correa fueron sentenciados a ocho años Glas, Solís, Alvarado, Alexis Mera, María Duarte y otras 11 personas. Mientras que para Pamela Martínez, su exasesora, y para su exasistente Laura Terán las penas son de 38 meses con 12 días y de 19 meses con seis días de encierro, respectivamente.
La sentencia apelada dispuso la pérdida de los derechos políticos, el pago de daños y perjuicios, y como reparación integral la colocación de una placa en la Presidencia con disculpas públicas y que los sentenciados asistan y acrediten capacitación por 300 horas de ética laica y transparencia en administración pública.
Para la diligencia en la Corte Nacional de Justicia y en la Corte Provincial del Guayas se habilitaron salas para que las partes se conecten de forma virtual.
Cuestionamiento
Acuerdos y calendarios
El lunes la defensa de Wálter Solís cuestionó la convocatoria a la audiencia. Habló de nulidades. Dijo que la justicia solo responde a acuerdos políticos y al calendario electoral, que es el de sentencia condenatoria ejecutoriada hasta septiembre para que Correa no sea candidato.