TRIBUNAL DEL CASO SOBORNOS
En el centro el juez Iván León, ponente del juicio por posible cohecho en el caso Sobornos. Karina Defas

El caso Sobornos descansa por el feriado de Carnaval

Menos de dos horas duró el octavo día del juicio por posible cohecho que involucra al expresidente Rafael Correa y 20 exfuncionarios y empresarios.

Que tengan buen feriado. Así clausuró el juez ponente Iván León el octavo día de audiencia de juicio por posible cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, que se sigue en contra de 21 sospechosos, entre ellos Rafael Correa. Fue el momento feliz de la octava jornada.

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Se dio tras el pedido de los defensores de un cronograma para ejercer sus defensas técnicas iniciadas hoy, 21 de febrero de 2020, con la exposición de menos de dos minutos de Francisco Pesántez, defensor de Yamil Massuh, quien no pudo presentar ni testigos ni documentos.

El turno de los abogados siguió inmediatamente a la presentación de la prueba de la Procuraduría, que solo involucró el interrogatorio a un testigo y la referencia a las pruebas documentales que presentó la Fiscalía el jueves 20 de febrero.

La exposición de Alicia Contero, en representación de la Procuraduría cuyo titular, Íñigo Salvador, se encontraba en la sala, fue cuestionada por la defensa de los 21 procesados. Sobre todo porque ella habló de la reparación integral que en su momento debe ser establecida por los jueces.

Paúl Ocaña criticó que la delegada de la Procuraduría no mencionara las partes de los documentos que deben ser considerados insumos para una reparación integral. 

Carlos Alvear, defensor del expresidente Rafael Correa, se preguntó: "¿De dónde va a salir la cifra de la reparación integral?"... Para él había necesidad de hacer caso a la lectura de la parte pertinente de cada documento. 

Queremos saber si vamos a trabajar en estos días. Es una diligencia fuera de lo común. No se puede angustiar a la defensa.

Carlos Alvear, defensor de Rafael Correa.

"Se nos debió leer a todos la factura, la cifra para ver si cuadra o no", señaló. Las exposiciones de los abogados siguieron en el mismo sentido. Diego Correa, defensor de María de los Ángeles Duarte, llegó incluso a recordar que el Código señala que las pruebas actuadas con violación de la ley carecerán de eficacia probatoria.

Antes de la suspensión de la diligencia los abogados expresaron su deseo de conocer cómo sería el cronograma de las actuaciones probatorias porque no se puede mantener en una sala a testigos que deben cumplir con sus trabajos y obligaciones personales. Gustavo García llegó a mencionar que ha habido un evidente desorden y no se puede tener a los testigos en la incertidumbre.

La fiscal Diana Salazar reiteró que la Fiscalía terminó de actuar su prueba y los abogados debieron traer a sus testigos. Ratificó además su derecho a la libertad probatoria y que con los 31 testigos y peritos y tres testimonios anticipados ha comprobado su teoría del delito.

El abogado Marcelo Dueñas, quien defiende al asambleísta Christian Viteri, expresó:"Cómo se puede comparar la logística de la Fiscalía, que tiene vacío el edificio porque todos están acá". El tribunal deliberó y resolvió que el juicio se reinstalará el próximo miércoles 26 de febrero, a las 10:00.  

Los abogados respiraron aliviados al conocer que el miércoles se actuará la prueba de Pedro Verduga, Teodoro Calle, Rafael Córdova, William Phillips, Mateo Choi, Ramiro Galarza, Víctor Fontana y Alberto Hidalgo. 

Para el jueves se anunció la presentación de la prueba de Christian Viteri, Édgar Salas, Viviana Bonilla, Jorge Glas, Rafael Correa y Alexis Mera. El viernes será el turno de Wálter Solís, Laura Terán, Pamela Martínez, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Napoleón Sánchez.

Los 21 procesados están involucrados en una supuesta estructura criminal que, según la Fiscalía, se dedicaba a la captación y reparto de aportes ilegales de contratistas del Estado para las campañas de Alianza PAIS a cambio de contratos. 

La Fiscalía en su prueba adjuntó contratos de instituciones del Estado con las empresas señaladas, facturas, documentos, que prueban la calidad de funcionarios públicos, entre otras cosas. 

Los testimonios evidenciaron que durante el correísmo Alianza PAIS se beneficiaba de servicios para las campañas que eran cancelados por las empresas por medio del cruce de facturas.

A su salida de la diligencia, la fiscal Salazar les dijo a los medios que estaba lista para la contradicción de las pruebas de los defensores y para toda la audiencia.