La fiscal y el procurador piden al tribunal que ratifique la condena en el caso Sobornos
Este jueves pasadas las 20:00 concluyó el primer día de la audiencia de casación de la sentencia por cohecho agravado impuesta a 20 personas
La fiscal Diana Salazar y el procurador Íñigo Salvador pidieron al tribunal que conoce la casación de 16 sentenciados por el caso Sobornos 2012-2016 que ratifique la sentencia del 22 de julio pasado que condenó a ocho años de cárcel a los sospechosos de integrar una estructura delincuencial.
Salazar, durante más de 40 minutos de intervención en la audiencia de casación instalada este jueves 3 de septiembre a las 10:30 en la Corte Nacional de Justicia, hizo el requerimiento en su calidad de dueña de la acción penal.
Cuatro grupos coinciden en la Corte por la casación en el caso Sobornos
Leer másEl recurso es conocido por los conjueces Javier de la Cadena, Milton Álava y José Layedra que admitieron a trámite los cargos casacionales de 15 de los 20 sentenciados y sumaron también este jueves el pedido de Laura Terán.
Durante su exposición, que inició cerca de las 18:00, la fiscal Salazar reiteró a los jueces que el recurso de casación es técnico, existe la prohibición de reexaminar los hechos del tribunal y volver a valorar la prueba y el auto de admisión de mayoría inadmite los errores de los recurrentes.
#Ahora | Tribunal Penal de la @CorteNacional de Justicia, integrado por Dr. Javier de la Cadena (ponente), Dr. Milton Ávila y Dr. José Layedra, instala audiencia de casación solicitada por Alexis M. y otros, por presunto delito de cohecho, en el proceso No 17721-2019-00029G. pic.twitter.com/PB1gb5EkTr
— Corte Nacional (@CorteNacional) September 3, 2020
La funcionaria recordó que a los sentenciados se los consideró autores de cohecho agravado por haber infringido su deber por las autorías del hecho. Para ella el argumento de la indebida aplicación del articulo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) apuntado por los defensores de los sentenciados es totalmente antitécnico y por ende errado. Reiteró que han contribuido a la comisión del delito de cohecho sin que se haya configurado el error de subsunción.
Salazar desvirtuó cada una de las exposiciones de los defensores de los 16 sentenciados que se dieron hasta la tarde de este jueves. Por ejemplo, en el caso de Christian Viteri y Diana Bonilla contempló que al no existir criterios jurídicos solicita se declaren improcedentes las pretensiones.
Sobre el cargo casacional de Teodoro Calle pidió sea rechazado. Sobre la alegación de Jorge Glas, Rafael Correa y Pamela Martínez, según la fiscal no existe errónea interpretación, por lo tanto insistió se deseche los cargos impugnatorios. De la misma forma se pronunció en cuanto a las alegaciones de los demás condenados.
Con la exposición del procurador Íñigo Salvador que concluyó pasadas las 20:00 se suspendió la audiencia que se reinstalará este viernes a las 09:00. Al igual que Salazar, el abogado del Estado pidió que se ratifique la sentencia del 22 de julio en la que se ratificó lña pena de ocho años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, elexvicepresidente Jorge Gñas y ocho excolaboradores. Entre ellos Alexis Mera. Sobre las pretensiones del exsecretario jurídico Salvador reiteró que la sentencia cumple con la Ley pues el exfuncionario adecuó su conducta al hecho punible, no se ha justificado la causal invocada. En cuanto a Laura Terán recordó que sus labores eran de apoyo y logística en la estructura y su participación calificada como complicidad.
Temprano intervinieron los defensores de los 16 sentenciados y pidieron que se ratifique el estado de inocencia de sus clientes. En los exteriores de la Corte coincidieron cuatro grupos de manifestantes. Unos fueron a proclamar la inocencia de Correa, otros a pedir su encarcelamiento, otros respaldaron a los sentenciados por la revuelta del 30 de septiembre de 2010 y unos últimos pidieron a la Fiscalía investigar los casos de corrupción denunciados en los últimos meses.
Correa y su cercano grupo de colaboradores fueron señalados por la posible integración de una estructura delincuencial dedicada a la captación y reparto de aportes ilegales de contratistas del Estado a cambio de contratos. El liderazgo se habría ejercido en Carondelet.