Caso Triple A: las altas ventas de diésel en la frontera, en la mira
La UAFE encuentra inconsistencias en los pagos de las estaciones de servicio y Copedesa
El caso Triple A está lejos de cerrarse. Al contrario, los últimos allanamientos a cinco gasolineras ubicadas cerca de la frontera sur del país son una señal de que la Fiscalía ha pisado el acelerador para conseguir más indicios para apuntalar sus tesis y para sustentar la vinculación de otros investigados. Por ahora, hay 10 personas procesadas, cinco naturales y cinco jurídicas: Fernando Viteri Henriques, José Cevallos Avellán, Lady Cedeño Toala, Jessenia Vélez Orellana y Carolina Troya Cubiña; Fuelcorp, Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum e Indudiesel S. A.
La investigación pone su foco de atención en la operación de las gasolineras cercanas a la línea de frontera con Perú, en donde el diésel cuesta en promedio 3,77 dólares, mientras que en Ecuador 1,79 dólares (ver infografía). Estas estaciones tienen una relación comercial con la Compañía de Petróleo y sus Derivados Copedesa S. A., pues son sus afiliadas. Es decir, Copedesa les vende gasolina y diésel para el segmento automotor, que tiene un subsidio estatal.
La primera es la estación de servicio Zambrano. Está ubicada en la parroquia rural El Guismi, una zona minera de cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe. A través del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía llega a la conclusión de que los montos facturados, los galones vendidos y la capacidad de almacenamiento de sus tanques no son congruentes.
- Empresa. Copedesa tiene entre sus accionistas al alcalde Aquiles Álvarez. La Fiscalía solicitó fecha al juez para la vinculación del funcionario y de otras nueve personas, entre estas el dueño de la Estación de Servicio Zambrano.
Copedesa fue el proveedor número uno de la estación Zambrano en 2023 y 2024. La comercializadora le facturó 10,1 millones de dólares por concepto de diésel para uso automotor y 1,4 millones por gasolina.
El expediente judicial revisa la facturación, pagos y despachos
La primera inconsistencia la señala la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), que en su reporte de operaciones inusuales e injustificadas enviado a Fiscalía no halló los registros de pagos entre estas compañías ni entre el dueño de la estación, Raúl Zambrano Orellana, y Copedesa, por lo que la Fiscalía también solicitó la vinculación.
Los más de $ 11 millones en ventas se traducen en 7’054.811 galones de diésel premium y 711.702 galones de gasolina. El problema, para la Fiscalía, está sobre todo en el diésel. La estación tiene un tanque para almacenar diésel con una capacidad de 10.288,63 galones, según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Es decir que mensualmente la estación Zambrano compró 371.305,84 galones de diésel.
El Reporte de Despachos de Guía de Petroecuador determina que en un solo día, la estación Zambrano adquirió cantidades de este combustible superiores a su capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, el 13 de septiembre de 2023 Petroecuador despachó dos cargas en tanqueros que suman 13.958 galones de diésel. El 14 de septiembre hubo otras dos cargas con 13.958 galones. El 15 de septiembre, dos cargas con 13.958 galones. Y el 16 de septiembre fueron cuatro cargas que sumaron 25.922 galones.
Las cifras muestran que solo la estación vendió en promedio 16.949 galones de diésel al día. ¿Qué explicación hay? ¿Dónde se almacenó el combustible?
EXPRESO buscó al dueño de la gasolinera desde el jueves 20 de febrero, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.
Joffre Campaña, abogado de Copedesa, defiende la postura de que es la ARCH la que debía controlar el uso de combustible vendido en esta zona de frontera. “Las comercializadoras lo que hacen es enviar el combustible a las empresas propietarias de las gasolineras. Lo que hagan las gasolineras es problema de esas empresas. Ninguna responsabilidad de Copedesa (...) Simplemente es la búsqueda de cualquier pretexto para tratar de darle un golpe político al alcalde de Guayaquil”, Aquiles Álvarez, quien en su cuenta de X califica el proceso judicial como “una persecución pura y dura”.
Otras estaciones de servicio son investigadas
Las otras tres estaciones para el sector automotor son Espíndola, Araujo y La Chilca. También se ubican cerca de la frontera. De forma general, los reportes de la UAFE, que constan en el expediente, concluyen lo mismo: la falta de registro de pagos a Copedesa; o como en el caso de la estación La Chilca, existen desembolsos que suman 106.920 dólares, cuando lo facturado fue 378.000 dólares. El representante legal de la estación de servicio La Chilca es Edgar Flores Torres, a quien este Diario contactó por correo electrónico, sin haber recibido respuesta hasta el momento.
Además del negocio de combustibles, Flores aparece como accionista de ocho empresas mineras. Por ejemplo, en la Asociación Comunitaria Minera Virgen de Guadalupe 2015, la Asociación de Mineros Autónomos de San Antonio de Muyuyaco, la Compañía Minera Unión y Progreso, Ferrobella Cía.; la Sociedad de Producción, Beneficio, Fundición y Comercialización de Oro 24 de Mayo, entre otras empresas.
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