Caso Triple A: La audiencia de Aquiles Álvarez se instala con abogados públicos
El alcalde de Guayaquil se opuso enérgicamente a recibir el patrocinio gratuito ante la ausencia de su abogado particular
"A mí no me faltan el respeto... a mí no me atropellan mi derecho a la defensa (...) Yo no autorizo a ningún defensor público", expresó exaltado Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien tomó la palabra a través de una conexión Zoom para oponerse a la designación de un defensor público. Su abogado, Diego Córdova Raza, no asistió a la audiencia de vinculación al caso Triple A, por una presunta comercialización ilegal de diésel.
Álvarez explicó que Córdova Raza pidió "con la suficiente antelación" el diferimiento de la audiencia de vinculación señalada desde hace una semana, porque tenía que asistir a otro juicio.
Álvarez, exaltado, calificó de "show de la Fiscalía", pues la entidad trajo 40 cajas con los expedientes del caso. "¿Se ha leído (el fiscal)? No se ha leído porque no conoce el caso", y agregó que el juez responde a presiones para instalar la audiencia antes de la segunda vuelta electoral, aunque esta diligencia ha sido solicitada por la Fiscalía desde el 28 de febrero.
Quien también salió en defensa de Aquiles Álvarez fue la abogada Marcela Estrella Bucheli, defensora de Gloria Salazar Solano y Rosa Ortiz González.
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Estrella se conectó vía telemática desde Europa. Habló de una posible nulidad, del derecho a la defensa, que incluye que Álvarez pueda contar con un defensor de su confianza y de la necesidad de diferir la audiencia.
Tampoco se presentó en la audiencia el abogado del investigado Juan Carlos Arias Tapia. Por lo que el juez Renán Andrade, el tercero que conoce la causa, multó con dos salarios básicos a los abogados y ordenó que se oficie a la Judicatura para investigar su conducta.
Luego, dio un tiempo para hablar a los dos defensores públicos, Iván Montero y Aníbal Moreano, quienes aseguraron que conocen a profundidad el caso, ya que han actuado en esta causa desde diciembre pasado, cuando se dio la audiencia de formulación de cargos, luego de varios diferimientos, dilaciones y la ausencia de los sujetos procesales.
Los procesados en esta causa
- Juan Carlos Arias Tapia
- Juan Dionisio Araujo Saldarriaga
- Gloria María Salazar Solano
- Rosa Marbella Ortiz González
- Édgar Moisés Flores Torres
- María Elisa Criollo Espadero
- Aquiles David Álvarez Henríques
- Fausto Vinicio Vaca Gonzaga
- Olga Cecilia Ortega Loaiza
- Raúl Arnoldo Zambrano Orellana
¿De qué se trata el caso?
La imputación contra Álvarez se basa en una investigación de la Fiscalía a sus comercializadoras de combustible, Copedesa y Corpalubri, quienes habrían vendido diésel a una red de estaciones de servicios afiliadas, que presentaron inconsistencias en la venta. Por ejemplo, la estación Zambrano, ubicada en la parroquia rural El Guismi, una zona minera del cantón El Pangui, en la provincia de Zamora-Chinchipe. A través del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía llega a la conclusión de que los montos facturados, los galones vendidos y la capacidad de almacenamiento de los tanques no son congruentes.
Por otro lado, Aquiles Álvarez ha señalado que el caso tiene como motivación la persecución del gobierno de Daniel Noboa. Asegura que sus compañías no son responsables del destino final que haya tenido el diésel subsidiado y que es la Agencia de Control de Hidrocarburos la que debía verificar que, por ejemplo, el combustible no se vaya hacia Perú o se use para la minería ilegal, etc.
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