Caso Triple A: Consecuencias para Aquiles Álvarez si se comprueban acusaciones
El alcalde de Guayaquil sabe que la Fiscalía puede solicitar su vinculación al proceso
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es investigado por una posible comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas. No es gratuito ni una coincidencia que el fiscal del caso, Carlos Alarcón, haya solicitado el pasado 11 de febrero la nómina de los funcionarios del municipio porteño desde mayo a diciembre de 2024.
¿Para qué necesita el fiscal la lista de los empleados municipales? Para certificar ante el juez que una persona investigada desempeña ciertas funciones, es decir que Álvarez es alcalde de Guayaquil.
En el proceso penal no basta con ir delante del juez y decirle, por ejemplo, Daniel Noboa es el presidente Constitucional del Ecuador o que Cynthia Gellibert es una funcionaria que se ha desempeñado como vicepresidenta y luego como presidenta de la República sin habar ganado ninguna elección. Ante un juez hay que probarlo con documentos.
Así lo establece el artículo 595, del C´ódigo Integral Penal. Para el procesamiento de una persona se debe cumplir tres requisitos:
- 1. La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo.
- 2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones, penales que se le imputen.
- 3. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular, los cargos.
La Fiscalía presentó cargos, el 16 de diciembre de 2024, en contra de Fernando Viteri Henríquez, José Cevallos Avelán, Lady Cedeño Toala, Jessenia Velez Orellana y Carolina Troya Cubiña.
Hasta este lunes 17 de febrero, la instrucción fiscal está en el día 63. El fiscal del caso tiene hasta el día 90 para pedir una vinculación de Álvarez o de las personas sobre las que tenga elementos de una presunta participación en el delito. Esta vinculación la puede solicitar el agente investigador hasta la segunda semana de marzo.
La consecuencia de este procesamiento será, en el tema jurídico, la limitación que tenga, por ejemplo, para salir del país, pues Álvarez se verá obligado a medidas cautelares. En el peor de los escenarios, al menos para él, el juez puede ordenar su prisión preventiva.
Para el Alcalde, el caso es una persecución de Daniel Noboa. Su defensa la ejerce en redes sociales en donde ataca al gobierno y hasta habla de un presunto caso PetroNoboa. “Como no tienen elementos en un proceso que debe archivarse en 30 días, ahora Pepe cortisona es el que le hace los impulsos al que sabemos. Ahora de frente quieren ver que inventan con el Municipio de Guayaquil.
En serio piden la nómina que la tienen Uds en el ministerio de trabajo y también es pública? Son bien chistosos y es la mejor muestra de desesperación (SIC)” escribió en redes.
El caso en cuestión
Según la Fiscalía, la investigación nace por una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sobre las estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas y mineras. “Por lo cual, la Institución presume –sobre la base de los elementos recabados– que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio.
En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10.000 galones”.
La vía hacia la impunidad
Es muy probable que queden fuera del caso un grupo de investigados: Juan Daniel González Jurado, José Ignacio Franco Magallanes, César Emiliano Bravo Ibáñez, Fernando Patricio Peñaherrera Benegas y Angélica Vanessa Freire, quienes evadieron la justicia cuando se candidatizaron por los partidos RETO y Centro Democrático (de Jimmy Jairala) y por lo tanto se cobijaron con la inmunidad electoral.
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