Caso Triple A: Defensa pide medidas alternativas a la privación de libertad
El abogado de José Ricardo Cevallos Avellán mencionó que la Fiscalía no ha presentado pruebas que justifiquen la medida
Es el turno de defenderse. El caso Triple A, que investiga una presunta red dedicada al comercio irregular de combustible que involucra a una empresa vinculada a la familia del alcalde Aquiles Álvarez., avanza una vez que el fiscal Leonardo Alarcón solicitó la prisión preventiva a 10 sujetos procesales el pasado sábado 14 de diciembre.
El juez Jairo García reinstaló la audiencia de formulación de cargos la tarde de este lunes 16 de diciembre. Para tomar una decisión, el magistrado escucha a las defensas de los imputados, quienes tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía General del Estado.
¿Quiénes son los 10 procesados en el caso Triple A?
De los diez implicados en el caso, cinco son personas naturales y cinco personas jurídicas. Entre los investigados a quienes se les solicitó prisión preventiva para asegurar su presencia en las audiencias judiciales, se encuentran los dos presuntos autores del delito de comercio irregular de combustibles:
- Fernando Xavier Viteri Henriques (representante legal de Copedesa S.A).
- José Ricardo Cevallos Avellán (accionista minoritario de la empresa Fuelcorp S.A.)
Las coautores del delito
- Lady Juliana Cedeño Toala
- Jessenia Monserrate Vélez Orellana
- Carolina del Rocío Cubina.
En cuanto a las empresas involucradas, se ha solicitado prisión preventiva a cinco empresas:
- Fuelcorp S.A.
- Copedesa S.A.
- Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.
- Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
- Indudiesel S.A.
Defensa de José Cevallos pide cambio de medida cautelar
Copedesa: ¿Cuáles son las evidencias presentadas por la Fiscalía en el caso Triple A?
Leer másEl jurista Rojas es la defensa de José Ricardo Cevallos Avellán y presentó una serie de argumentos en contra de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, entidad que a su criterio no ha presentado elementos que se constituyan en pruebas claras y suficientes para justificar la medida de prisión preventiva
Su condición de exfuncionario público de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), la firma de un contrato con la empresa COPEDESA en su calidad de representante legal, los ingresos reportados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), y su vinculación con los hermanos Álvarez, no serían elementos de convicción.
En primer lugar, asegura que no se han presentado indicios de ingresos ilícitos ni evidencia de vínculos con actividades ilegales relacionadas con COPEDESA. Además, se argumenta que no existen pruebas de que Cevallos haya trabajado anteriormente en dicha empresa, lo que debilita aún más los cargos en su contra.
La defensa también señala que Cevallos se ha presentado de manera voluntaria a la audiencia, lo que demuestra su disposición de colaborar con el proceso judicial. En este contexto, el abogado Rojas sostiene que no se ha demostrado un riesgo de fuga ni la posibilidad de que Cevallos destruya evidencia, elementos que justificarían una medida como la prisión preventiva.
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Leer másAdemás, la defensa destaca que Cevallos es actualmente accionista minoritario de la empresa Fuelcorp S.A., pero Fiscalía no ha demostrado que está involucrado en actos de comercialización de combustibles en zonas fronterizas ni en puertos marítimos o fluviales, lo que refuerza la falta de fundamentos sólidos para la solicitud de prisión preventiva.
Por todo lo anterior, la defensa, argumenta que la Fiscalía no ha motivado adecuadamente su solicitud de prisión preventiva. En su lugar, el jurista Rojas solicita la imposición de medidas alternativas, tales como la prohibición de salida del país, como una opción más acorde a las circunstancias del caso.
Cinco sujetos no fueron procesados por ser candidatos en las elecciones
El fiscal Leonardo Alarcón Argudo decidió el sábado pasado no presentar cargos contra otros cinco implicados en este caso, dado que son candidatos en las elecciones generales del 9 de febrero 2025. Hasta ahora, el juez Jairo García sigue escuchando a las demás defensas de las otros implicados.
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