Caso Triple A: ¿Qué evidencia ha presentado la Fiscalía contra Aquiles Álvarez?
En el caso hay documentos de la Contraloría, Petroecuador, el SRI, la Agencia de Regulación y Control de Energía y más.
La Fiscalía ha presentado cargos en contra de Aquiles Álvarez por el presunto delito de tráfico ilegal de combustibles, específicamente la distribución, almacenamiento y comercialización ilegal de diésel subsidiado, en el denominado caso Triple A.
En la audiencia de vinculación, que tuvo lugar en la Unidad Anticorrupción de Quito, el pasado 9 de abril, el fiscal del caso, Carlos Alarcón, tardó casi dos horas solo en presentar los elementos de convicción en contra del alcalde de Guayaquil.
Ese día se formularon cargos contra 11 personas naturales y una jurídica. A Álvarez se le prohibió la salida del país, debe presentarse periódicamente y tiene que usar un grillete o tobillera de vigilancia electrónica.
¿Por qué está involucrado Aquiles Álvarez?
La investigación tiene más de 200 cuerpos, significa que son más de 20.000 hojas en donde constan informes del Servicio de Rentas Internas, de la Contraloría, información de la Unidad de Análisis Financieros, reportes del despacho de combustibles de Petroecuador, pericias a las estaciones de servicio y a los centros de distribución de combustibles y contratos firmados por Álvarez, como representante de sus empresas Copedesa, Corpalubri y Flonape S.A.
Cada una de estas comercializadoras recibieron autorizaciones y firmaron contratos con Petroecuador que les permiten vender combustibles a diferentes segmentos. Copedesa solo puede vender a las gasolineras que surten de diesel y gasolina al segmento automotriz; Corpalubri, vende al segmento industrial y Flonape S.A., al segmento naviero.
Investigación sobre las autorizaciones
Varios de los elementos presentados por el fiscal se centraron en la forma cómo Copedesa, Corpalubri y Flonape S.A. se convirtieron en comercializadoras de combustibles.
Copedesa firmó el contrato con Petroecuador, para la distribución, en abril de 2021. Corpalubri firmó el contrato en junio de 2020 y Flonape en abril de 2021. Según la investigación fiscal, el coordinador técnico de Regulación y Control Hidrocarburífero de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales de esa época era José Ignacio Franco Magallanes, quien en 2022 trabajó para las Gasolineras Copedesa Gasgrupo y de 2022 a 2024 para Fuelcorp, mientras que al mismo tiempo era Gerente General de la Empresa de Tránsito y Movilidad del Municipio de Guayaquil.
La Fiscalía solicitó la vinculación de Franco, pero´ él se inscribió como candidato a la Asamblea en las últimas elecciones, por lo que goza de imunidad electoral.
Investigación sobre las autorizaciones
El 23 de julio de 2021, Copedesa firmó un acuerdo ministerial con el Ministerio de Recursos no Renovables, en donde una de sus cláusulas indica que la comercializadora tiene la obligación de “verificar que los distribuidores autorizados de su red no desvíen el combustible entregado por Petroecuador dentro y fuera del territorio nacional”. Para la Fiscalía esto no se cumplió.
Luego de que Copedesa cumpliera todos sus papeles para operar, el siguiente paso fue firmar contratos con gasolineras o estaciones de servicio: Zambrano (Zamora Chinchipe), Espíndola (Loja), La Chica (El Oro), San Francisco (Guayas) y Araujo (El Oro).
Uno de los contratos lo firmó con Raúl Zambrano Orellana, dueño de la Estacion de servicio Zambrano, ubicada en El Pangui, en Zamora Chinchipe. Esta estación, a su vez tiene un segundo contrato con Corpalubri para comercializar combustible al segmento industrial.
¿Dónde está la irregularidad? La Fiscalía señaló que la capacidad del tanque de la estación Zambrano era de 10.000 galones de diesel premium. Pero la estación compró a Copedesa más de lo que podía almacenar. Alrededor de 2 millones de galones de diesel que no tenía capacidad para almacenar y que no han sido justificados.
Vehículos que lo mismo se llenan con diesel y gasolina
Otra gasolinera afiliada a la red de Copedesa era la llamada Espíndola, que está ubicada en la vía Amaluza, en Santa Teresita, en Loja. Allí, la Fiscalía señaló que lo irregular era que la estación vendió combustible a un consorcio llamado Building Amaluza. Este registró siete placas de vehículos. En total compró 41.800 galones de diesel premium y y114 galones de gasolina extra. En total compó 63.000 dólares. Por ejemplo, la placa LBB3447, que pertenece a una camioneta Toyota 2012 BST HILUX 4X4 CS compró 3.428,57 galones de diesel premium por un monto de 5.000 dólares únicamente en un día, el 18 de septiembre de 2023.
Venta a segmentos que están prohibidos
En Machala, El Oro, existe otra estación de servicio que estaba afiliada a Copedesa. Se llama Estación Araujo. Allí, según la Fiscalía, tenía como principal cliente a una empresa llamada Oroestiba-Estibadores de El Oro, que tiene un catastro industrial. Significa que la estación no le podía vender el diesel porque esta empresa compraba a Copedesa, que solo vende al segmento automotriz. En total le compró más de 100.000 dólares.
Otro cliente de la Estación era la Gasolinera Marítima S.A., que según la Fiscalía tampoco podía vender porque esta es del segmento marítimo.
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