Caso Triple A: Fiscal presentó cargos contra Aquiles Álvarez

El fiscal Carlos Alarcón presentó los elementos que sustentan su acusación contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, investigado por la presunta comercialización ilegal de diésel subsidiado, en el caso denominado Triple A.

Este miércoles 9 de abril de 2025 se instaló la audiencia de vinculación contra Álvarez y otras 10 personas naturales y una jurídica.

Abogado de Álvarez faltó a la audiencia

El primer reto a solucionar fue la ausencia del abogado de Álvarez, Diego Córdova Raza. El juez Renán Andrade, de la Unidad Anticorrupción, le impuso una multa de dos salarios básicos. Además, nombró a dos defensores públicos para que acompañen al procesado y no lo dejen en la indefensión. Esto ocurrió a pesar de la negativa del alcalde de Guayaquil, quien exaltado calificó la audiencia como un "show de la Fiscalía".

Elementos de la investigación

Tras superar estos escollos, el fiscal Alarcón explicó durante más de una hora y 30 minutos la presunta participación de Álvarez en el delito. Nombró a sus empresas: Copedesa, Corpalubri, Fronape y Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., dedicadas a la comercialización de combustible para los sectores automotriz, industrial y naviero, tanto nacional como internacional.

El fiscal explicó que existen irregularidades en la venta de combustible. Por ejemplo, mencionó que Copedesa y Corpalubri habrían vendido diésel a una red de estaciones de servicio afiliadas: Zambrano (Zamora Chinchipe), Espíndola (Loja), La Chica (El Oro), San Francisco (Guayas) y Araujo (El Oro).

Presentó el caso de la estación Zambrano, ubicada en la parroquia rural El Guismi, una zona minera del cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe. A través del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía llegó a la conclusión de que los montos facturados, los galones vendidos y la capacidad de almacenamiento de los tanques no eran congruentes.

Dijo que la estación Zambrano compró más de 11 millones de dólares a Copedesa, lo que se traduce en 7’054.811 galones de diésel premium. La estación tiene un tanque con capacidad de 10.288,63 galones, según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), pero recibió un exceso de 2 millones de galones de diésel que no podía almacenar, y que no se justifican.

El fiscal también explicó que Álvarez firmó los contratos para la distribución de combustible y que, al recibir la autorización de Petroecuador para su actividad, tenía la obligación de verificar que las gasolineras de su red no desviasen el combustible del Estado.

La forma en que obtuvo los permisos bajo sospecha

El fiscal hizo un recuento sobre cómo las compañías de Álvarez obtuvieron la autorización del Estado para comercializar hidrocarburos. Destacó que en 2020, José Ignacio Magallanes, entonces funcionario de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, elaboró un informe recomendando la calificación de Corpalubri. "Es importante señalar que el señor Franco Magallanes es accionista de Fuelcorp, empresa procesada, y ha trabajado para Copedesa. Además, entre 2023 y 2024 fue funcionario público en la Alcaldía de Guayaquil". Franco Magallanes no fue procesado en este caso porque se inscribió como asambleísta en las últimas elecciones generales y se amparó en la inmunidad electoral.

En cuanto a la autorización de la comercializadora Flonape en 2021 para el segmento naviero, también recibió un informe favorable de José Cevallos Avellán, entonces coordinador técnico de regulación de Hidrocarburos de Manabí. Cevallos sí está procesado en este caso, ya que también es directivo de Fuelcorp.

Irregularidades en la venta final: vehículos cargan diésel y gasolina

Otra inconsistencia destacada por el fiscal fue la venta irregular de combustible a través de las estaciones de servicio. Mencionó como ejemplo cuatro placas de vehículos que cargaron gasolina extra y diésel subsidiado. También habló de la venta entre gasolineras, lo cual está prohibido. Detalló la venta a la empresa Oro Estiba, que tiene un catastro industrial en minería, lo cual también estaba prohibido, ya que el diésel subsidiado debe venderse exclusivamente al segmento automotriz.

El fiscal añadió que Corpalubri, parte del sector industrial, compró hidrocarburos a otra comercializadora del Terminal Naviero Petrolero Ternape, que pertenece al sector naviero, lo que también era prohibido.

Además, presentó pericias de inspecciones a los centros de distribución, en los que se descubrió que no constaban los registros de sus direcciones. Resaltó el caso de Indudiesel, que aparece registrada en el kilómetro 47 de la vía Balsar-Daule, pero un perito indicó que allí no estaba. También presentó otros casos similares.

Hasta la publicación de esta nota, la defensa de Álvarez aún no se ha pronunciado sobre las imputaciones ni sobre las medidas cautelares que la Fiscalía pedirá.

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