Caso Triple A: juez negó el pedido de diferimiento de Aquiles Álvarez
La diligencia está prevista que se instale este 9 de abril de 2025
Para este miércoles 9 de abril, a las 08:30, está prevista la audiencia de vinculación de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, al caso por presunta comercialización ilegal de combustible, también denominado Triple A.
Sin embargo, no es seguro que la audiencia se logre instalar. Diego Córdova Raza, abogado de Álvarez, solicitó el diferimiento de la audiencia porque él también debe actuar en una audiencia de juicio, en un caso por tráfico de influencias.
De momento, el juez Renán Andrade, el tercero de la causa y que pertenece a la Unidad Anticorrupción, negó los intentos de cambiar de fecha y, hasta ahora, la convocatoria se mantiene, ya que esta fue fijada con una semana de anticipación, tiempo suficiente para que cada abogado se prepare o cada investigado nombre a su defensor de confianza.
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Los pedidos para la vinculación a la causa
- Juan Carlos Arias Tapia
- Juan Dionisio Araujo Saldarriaga
- Gloria María Salazar Solano
- Rosa Marbella Ortiz González
- Édgar Moisés Flores Torres
- María Elisa Criollo Espadero
- Aquiles David Álvarez Henríquez
- Fausto Vinicio Vaca Gonzaga
- Olga Cecilia Ortega Loaiza
- Raúl Arnoldo Zambrano Orellana
¿De qué se trata el caso?
La imputación contra Álvarez se basa en una investigación de la Fiscalía a sus comercializadoras de combustible, Copedesa y Corpalubri, quienes habrían vendido diésel a una red de estaciones de servicio afiliadas, las cuales presentaron inconsistencias en la venta. Por ejemplo, la estación Zambrano, ubicada en la parroquia rural El Guismi, una zona minera del cantón El Pangui, en la provincia de Zamora-Chinchipe. A través del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía llega a la conclusión de que los montos facturados, los galones vendidos y la capacidad de almacenamiento de los tanques no son congruentes.
Por otro lado, Aquiles Álvarez ha señalado que el caso tiene como motivación la persecución del gobierno de Daniel Noboa. Asegura que sus compañías no son responsables del destino final que haya tenido el diésel subsidiado y que es la Agencia de Control de Hidrocarburos la que debía verificar que, por ejemplo, el combustible no se fuera hacia Perú o se usara para la minería ilegal, etc.
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