Caso Villavicencio: Informe preliminar de comisión lo califica de "crimen político"

Crimen político. Esa es la conclusión a la que llegó la Comisión Legislativa Ocasional en un informe sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023 cuando salía de un mitin en un colegio de Quito.

Las motivaciones para el asesinato del exasambleísta, según el informe, serian por sus denuncias de casos de corrupción en temas mineros, petroleros y relacionados al narcotráfico, que generaban incomodidad a ciertos sectores.

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Entre la tarde y noche de este jueves 13 de junio, la comisión multipartidaria legislativa sesionó para conocer y aprobar el informe final de la investigación del magnicidio, que se registró semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2023.

Finalmente, con seis votos a favor y uno en contra, el informe presentado por el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, fue aprobado. La lectura del informe se extendió por más de 2 horas y media, y contó con la presencia de familiares de Villavicencio y otros legisladores.

Viviana Zambrano, asambleísta de Construye y presidenta de la comisión, fue la única integrante que votó en contra. Además de Castro, los otros comisionados: Luzmila Abad (Pachakutik), Geovanny Benítez (Partido Social Cristiano), Manuel Bohórquez (ADN), Mónica Salazar (Revolución Ciudadana) y Hernán Zapata (Gente Buena), lo hicieron a favor.

Conclusiones del informe en asesinato de Fernando Villavicencio

En uno de los puntos, el documento refiere que la custodia de los candidatos presidenciales era de responsabilidad de la Policía Nacional, tras un acuerdo celebrado entre el Ministerio del Interior con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones anticipadas del 2023.

No obstante, la Policía no cumplió con dicho convenio sobre la protección de los presidenciables, según el informe. De un rubro de 2'059.115,25, dirigió más de la mitad de ese valor al pago de servidores de la institución, sin ejecutar el monto restante, por lo que el Ministerio de Finanzas retiró dichos fondos.

Asimismo, se indicó que dentro del análisis de riesgo personal (ARP), el porcentaje de Villavicencio fue calificado como muy alto, llegando al 93%. Aquello muestra una una falta administrativa, debido a que cada nivel de riesgo personal recibe un dispositivo de seguridad particular. En el caso del exasambleísta, debía recibir custodia por al menos nueve efectivos de seguridad. Sin embargo, en junio se le asignaron apenas seis servidores policiales.

"Villavicencio fue un blanco para la delincuencia política, no para la delincuencia común. Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales", señaló el informe.

El informe emitió seis recomendaciones que serán debatidas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entre ellas, que las entidades del Estado deben actuar para lograr la "verdad, justicia y reparación" en este caso, así como políticas de integridad y depuración en instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ECU911, instituciones de administración de justicia y del manejo de cárceles.

El documento también sugiere reformas y supervisión respecto a los procesos de contratación pública; la defensa de la democracia y la libertad de expresión; que la investigación del informe sea publicada y que se expongan a las instituciones que no atendieron los pedidos de información, así como a las personas que no comparecieron en la comisión.

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