Los casos relacionados con la Asamblea avanzan en Fiscalía
Se practican diligencias en la posible manipulación del sistema del voto y en la presunta venta de voluntades. Hay versiones y pericias dispuestas
Al menos dos investigaciones previas abiertas por la Fiscalía han convocado a asambleístas a rendir versiones previas en esta semana y en las siguientes.
Wilma Andrade y Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática, son dos de los convocados en el caso abierto para investigar una posible manipulación del sistema de votación de la Asamblea el día en el que los legisladores correístas de UNES quisieron destituir al presidente Guillermo Lasso.
Ocurrió en los días más violentos de la paralización indígena que tuvo sitiada a la capital con la presencia de miles de indígenas y manifestantes violentos que provocaron destrozos y pérdidas económicas.
Andrade y Bacigalupo fueron los primeros en denunciar públicamente que su voluntad se había violentado. Su voto en contra de la destitución del presidente por arte de magia apareció como un Sí. Pidieron la rectificación.
UNES no consiguió los 92 votos para deponer a Lasso. “Acaban de manipular el sistema de votación en mi curul”, escribió Bacigalupo y difundió videos que evidenciaban la intromisión. Ahora la Fiscalía recaba indicios y versiones.
La otra cara del golpe de estado
Leer másAndrade y Bacigalupo confirmaron a EXPRESO que en esta semana ya dieron su testimonio virtual. También fueron convocados Marlon Cadena y Guido Chiriboga. Además, este Diario conoció que ya se pidió a la operadora información de la dirección IP desde la que se habrían hecho los ingresos para el sistema de votación. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, fue el primero en denunciar. Se sumaron el BAN y el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. En ese mismo contexto asambleístas difundieron audios y mensajes con amenazas que buscaban obligarles a votar por la salida del mandatario.
Pero no es el único expediente en el que serán convocados asambleístas. Hay un expediente en el que se indaga la presunta venta de votos denunciada en marzo pasado en el contexto del trámite de la Ley de Inversiones que fue archivado. Salvador Quishpe, de Pachacutik, había asegurado que un subsecretario ofreció contratos a los asambleístas el día previo a la votación. En tanto que el presidente Lasso fue más allá y remitió una carta a la fiscal denunciando a cinco asambleístas que habrían pedido beneficios a cambio de votar por la ley. El pasado 6 de julio la Fiscalía dispuso que se haga el reconocimiento del lugar de los hechos en un edificio del norte de Quito. Será el próximo 20 de julio, a las 15:00. También ordenó la extracción de información de un sitio web en el que se recogen declaraciones sobre el caso. Ese mismo día se recibirá la versión de Christian Yucailla.
Habrá versiones del exvocero presidencial Carlos Jijón el 16 de agosto a las 10:30 y del legislador Ricardo Vanegas el 23 de agosto a las 10:00. Esta semana fueron convocados el asambleísta Salvador Quishpe y Rosa Cerda.
La Fiscalía también abrió dos investigaciones previas en el caso de las denuncias de la asambleísta Gisela Molina, quien denunció que la semana pasada sufrió un posible atentado por un accidente de tránsito en el que se habría visto inmersa. Ella denunció al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, por presunta intimidación. En tanto que la Fiscalía informó que de oficio abrió un caso para averiguar qué pasó con el accidente de tránsito.
Investigación
Pericia al Sistema informático
El 8 de julio la atención de los agentes de la Policía y de la Fiscalía se centró en el sistema informático de votación de la Asamblea.
Al menos cuatro legisladores denunciaron problemas el 28 de junio cuando hubo la sesión en la que se buscaba destituir al presidente Guillermo Lasso.
Los funcionarios hicieron una inspección al área de Tecnologías de la Asamblea. Fue parte de las diligencias que se llevaron adelante por la denuncia de manipulación a cuatro curules.
Ese día el presidente de la Asamblea Virgilio Saquicela había asegurado que más allá de que exista este presunto hackeo, con el resultado de la votación que fue el finalmente se dio.
Fiscal da un plazo de 72 horas para ubicar la IP en el caso de intrusión en las curules
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