Los casos de violacion de derechos acechan a Correa
La Fiscalía cree que la investigación por ejecución extrajudicial el 30S pudiera alcanzar al expresidente. El fiscal Fabián Salazar sospecha autoría mediata.
Los casos que al parecer complicarán más la situación judicial del expresidente Rafael Correa en el Ecuador son los relacionados a la supuesta violación de derechos humanos.
Aunque desde distintos sectores se han formulado denuncias, un caso concreto se dio el jueves. El fiscal Fabián Salazar desplazó la competencia de la investigación por la ejecución extrajudicial del comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Froilán Jiménez, el 30 de septiembre de 2010, durante la revuelta policial.
Correa reaccionó. “Fiscal Salazar: Tenía una buena impresión de usted. ¿Necesitaba vender su ética y su conciencia por mantener un cargo?”, escribió.
Antes de vincular a Correa al caso junto con el exministro de Defensa Javier Ponce, el fiscal recopiló al menos 27 elementos que mencionó en el impulso fiscal enviado a su superior.
Antes de esta vinculación, Correa había señalado que era investigado en al menos ocho casos. Entre ellos, Singue, deuda pública, preventa de petróleo, delincuencia organizada por Odebrecht.
La ejecución extrajudicial es el delito más grave. Está tipificada en el artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el capítulo primero sobre graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario en la sección ‘Delitos contra la humanidad’.
Sanciona con entre 22 y 26 años al funcionario que, de manera deliberada, en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su instigación y se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos, prive de la vida a otra persona.
Eso es lo que habría ocurrido la noche del 30 de septiembre de 2010 en la salida de Correa del Hospital de la Policía, donde se había atrincherado.
Salazar razonó que en la investigación por ejecución los elementos del tipo están cumplidos. Señaló que la acción partió de quien dispuso y ordenó la realización del acto.
Se sustenta en informes y versiones. Luis Castro, quien era comandante de la Brigada Patria, dijo que recibió orden de Hegel Peñaherrera, comandante de la Fuerza de Tarea 4, para que planifique el rescate.
El expresidente pudiera ser un autor mediato del delito que sería fruto de la disposición superior dada por Correa. Ante eso dijo: “¡Ups! Ahora sí soy el ‘jefe máximo de las Fuerzas Armadas’, pero, cuando era presidente, esta misma clase de gente lo negaba”.
Salazar precisa que es indispensable que se investigue no solo a quien ocasionó la muerte, sino a quien permitió el acto violatorio. Estima que la situación crítica que se presentó el 30S debió ser medida para evitar muertos y heridos, y tomarse en cuenta que alrededor había dos hospitales. Y la acción armada se dio precisamente en uno de ellos, algo que el derecho internacional prohíbe.
Acciones
Cargos
La potestad de formular o no cargos contra el expresidente y el exministro está en manos del fiscal general Paúl Pérez, quien puede acoger o no el desplazamiento de competencia formulado por el fiscal inferior Fabián Salazar.
Víctimas
El día de la revuelta policial que rechazaba los cambios en la ley de servicio público hubo cinco personas fallecidas: dos policías, dos militares y un civil. Se produjeron saqueos y robos en distintas partes por la protesta de los uniformados, que se extendió a todo el país.
Confirmación
Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, dijo que sería legítimo escuchar a Correa confirmar que el excomandante del Ejército Ernesto González recibió su llamada y si la planificación del rescate estaba prevista para las 00:00 del día siguiente.
