Las causas judiciales pendientes para 2023
Los casos por el paro de junio avanzaron poco El 89 % de los crímenes están impunes
Hay varias razones por las que los casos que resonaron en este 2022 no lograron avanzar lo suficiente.
Unos son las leguleyadas, los cambios de abogados a último momento y las acciones que impidieron que las audiencias se instalen o se dicten sentencias. Otros son las propias normas garantistas. Es el caso de Jorge Guamán, una jueza suspendió el proceso penal para Guamán, prefecto de Cotopaxi, quien es investigado por delincuencia organizada, concusión, testaferrismo y enriquecimiento ilícito. El 7 de octubre pasado su proceso penal quedó suspendido hasta que se realicen las elecciones seccionales, en donde contiende para la Alcaldía de Latacunga.
Otros casos no han avanzado porque quedaron en indagación previa y por la excesiva carga de causas. Los delitos contra la vida han desbordado las fiscalías, sobre todo de Esmeraldas, en donde hubo 509 homicidios.
La Policía reconoce que la tasa de resolución de este año es del 11 % (494 casos) y los que siguen sin recibir justicia son las familias de 4.045 personas.
Este año se abrieron investigaciones previas por los actos de violencia de las protestas de junio. No se han resuelto las muertes de Johnny Félix Muenala, de 22 años, quien cayó desde una quebrada en el sector de Collas, norte de Quito. Tampoco la de Guido Guatatuca, en Puyo, que habría recibido un impacto de bomba. En la lista está José Marcelino Villa Romero, de 39 años, muerto en Azuay; y Henry Quezada, de 29 años, muerto en el parque El Arbolito. En San Antonio de Pichincha murió Eduardo Íñiguez, de 36 años, y el sargento de las FF.AA., José Chimarro, quien fue emboscado por los manifestantes.
Tampoco hay responsables por los muertos en las ambulancias, quienes no pudieron pasar porque los protestantes bloquearon el paso o sobre el incendio de negocios y edificios estatales como las dependencias de la Fiscalía de Tránsito, en Quito.
Otros procesos penales que en 2023 se espera que avancen son por el hundimiento de la lancha de cabotaje ‘Angy’, en Galápagos, que dejó cuatro personas muertas, las redes de minería ilegal en Yutzupino, en Napo; el proceso denominado Oro Negro, sobre los contratos de seguridad de Petroecuador, el caso Neurona, por consultorías hechas por gente del partido español de extrema izquierda Podemos gracias al correísmo; la investigación por los bonos soberanos que desaparecieron de Seguros Sucre, los contratos de Yachay y un largo etcétera.
Sentencias
Entre los procesos que se han judicializado y cuya resolución está pendiente está la casación de Daniel Salcedo, el proceso de peculado contra el exalcalde Jorge Yunda, la causa por lavado de activos contra los familiares de Leandro Norero y el caso Las Torres. Las sentencias se esperan para 2023.
Conmoción
En 2021, el embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, habló de la existencia de narcogenerales. Al momento ningún alto oficial de la Policía ha sido procesado ni se conocen las pruebas que sustentan esa opinión. Este caso es uno de los que tampoco tuvo avance en 2022.
La falta de fiscales
Una falla del sistema de justicia es la falta de fiscales. La Judicatura ha querido solucionar el problema con la incorporación de fiscales temporales en Cañar, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Morona Santiago, Orellana y Pichincha. También se abrió una convocatoria para el proceso de formación para nuevos fiscales. 280 abogados iniciaron su proceso de formación en agosto pasado. Lo óptimo es llegar a 8 agentes por cada 100.000 habitantes.
- La cifra. 11 por ciento fue el nivel de resolución de los casos de homicidio. Hay fiscalías abarrotadas.
