Celi apela a la licencia mientras dura el encierro
El contralor fue uno de siete procesados que recibió prisión. Es investigado por presunta delincuencia organizada al desvanecer glosas
Desde las 08:00 de este miércoles 14 de abril, el contralor Pablo Celi de la Torre, el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones y cuatro sospechosos más pasaron a integrar las casi 40.000 personas privadas de la libertad del sistema carcelario.
Su destino fue la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. Pocas horas antes, alrededor de la 01:00 de la madrugada, los siete sospechosos habían recibido prisión preventiva en su contra, dictada por el juez nacional Felipe Córdova. Una séptima procesada fue llevada a otro centro carcelario.
La medida cautelar fue dispuesta durante la formulación de cargos por presunta delincuencia organizada al integrar una supuesta estructura delincuencial que involucró a la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia.
Un operativo coordinado entre Fiscalía y Policía permitió la detención de nueve personas en 25 allanamientos ejecutados en Quito, Guayaquil y Samborondón. En domicilios y oficinas los investigadores encontraron documentos, computadores, celulares, dispositivos, cajas fuertes, dinero en efectivo, entre otras evidencias.
La audiencia se instaló el martes pasadas las 19:00. El juez, la fiscal Diana Salazar y los defensores ocuparon una sala y los procesados fueron instalados en otra sala de audiencias de la Corte Nacional.
La medida cautelar tomó por sorpresa a procesados como Celi que habían llevado arraigos para presentar. Su defensor Jorge Luis Ortega no esperó los tres días que dice la ley y apeló de inmediato la prisión.
En su escrito Celi señaló al juez Córdova que apela la prisión porque considera que no cumple con los presupuestos constitucionales establecidos en el artículo 77 numeral 1 de la Constitución, que señala que la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena.
Añadió que la medida no contempla los criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
La fiscal Diana Salazar había pedido prisión preventiva para todos, indicó Pablo Encalada, abogado de Elsie Cueva. La mujer fue descrita en la audiencia como la persona encargada de cobrar cheques entre 2017 y 2019 y sin registrar ninguna actividad económica.
El juez concluyó que Fiscalía no formuló bien el pedido, por ello no se dictaron medidas cautelares en su contra.
Encalada dice que para su cliente la fiscal Salazar pidió arresto domiciliario. Sin embargo, la defensa de Encalada “fue una alegación técnica de que estaba mal formulado el pedido, de una forma que regularmente opera en el sistema de justicia; esto es que si tiene más de 65 años, entonces le dan arresto domiciliario, y eso no dice la ley”.
Y el juez acogió su solicitud y “concluyó que Fiscalía no formuló bien el pedido, por ello no se dictaron medidas cautelares en su contra”, señaló.
La metodología consistía en el desvanecimiento de glosas a través de la subrogación en el organismo.
Otra procesada que no recibió prisión fue Natalia Cárdenas. Ella obtuvo medidas alternativas. Se presentará cada ocho días en la Secretaría de la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia desde el 19 de abril de 2021. Para ella además se dictó la prohibición de salida del país y colocación del dispositivo de vigilancia electrónica.
Celi y otros procesados por delincuencia organizada, apelarán la prisión dictada en su contra
Leer másEl caso fue denominado ‘Las Torres’. Según la Fiscalía, la investigación previa inició el 29 de julio de 2019 y en el expediente se habrían practicado diligencias.
De ellas se habría recabado evidencia para presumir que existiría un grupo de funcionarios públicos y personas particulares que conformaron una estructura organizada para cometer delitos que atentan a la eficiencia de la seguridad pública del país.
La fiscal Salazar colocó como líderes del grupo a José Agusto, exsecretario de la Presidencia, y José Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador y familiar de Celi. De la Torre ya admitió en cortes de Estados Unidos la recepción de sobornos. Fue detenido en junio de 2019, procesado y condenado en 2020. Cumplió la prisión dispuesta en su contra.
Me parece que fue excesivo el pedido y orden de prisión para todos porque eso se aplica cuando hay riesgo de fuga.
La funcionaria aseguró que el objetivo habría sido recibir pagos indebidos por su intermedio, condicionando al pago de planillas. Los consideró autores directos del posible delito. Del contralor Pablo Celi afirmó que dio la disposición de desvanecer glosas para beneficio de la empresa, para cobrar las planillas de Petroecuador.
Las sospechas y los indicios
Alrededor de 16 elementos de convicción sirvieron a la Fiscalía para señalar a los posibles miembros de la estructura.
Entre ellos se encuentran la asistencia penal de Estados Unidos, versiones, informes periciales de documentos y dispositivos que contienen la extracción de audio y transcripción donde se habría coordinado la entrega de pagos indebidos y de chats en el mismo sentido y decretos.
La fiscal Salazar colocó como líderes del grupo a José Agusto, exsecretario de la Presidencia, y José Raúl de la Torre en Petroecuador. Su objetivo habría sido recibir los pagos indebidos por su intermedio, condicionando al pago de planillas. Para la fiscal son autores directos del posible delito. Del contralor Pablo Celi de la Torre la fiscal afirmó que dio la disposición de desvanecer glosas para beneficio de la empresa NoLimit por alrededor de 13 millones de dólares para cobrar las planillas de Petroecuador.
