Un cerco para evitar la fuga de corruptos

El día después del poder. Aún lejano resulta el 24 de mayo de 2017, cuando el gobierno de Rafael Correa debe entregar el poder a su sucesor. Pero el opositor Diego Salgado (CREO) está por presentar un proyecto de ley para evitar la salida del país de los altos funcionarios públicos hasta un año después de esa fecha, salvo autorización legislativa, según el borrador al que tuvo acceso EXPRESO.

El proyecto, una triple reforma a la Ley de Servicio Público, de la Función Legislativa y de la Contraloría, aspira a incluir una disposición para que ningún funcionario público de alto nivel y dignidad de elección popular pueda abandonar el país sin informar a la Asamblea con 30 días de anticipación y recibir un informe favorable de la Comisión de Fiscalización.

La medida, calificada anticipadamente por representantes del oficialismo como “exagerada”, es la más reciente acción de una escalada política que Salgado ha protagonizado en las últimas semanas, luego de pedir la informalmente descartada comparecencia del vicepresidente Jorge Glas al primer poder del Estado y, en última instancia, amenazar con llevarlo a juicio político buscando el respaldo de las 38 firmas con las que cuenta la oposición en el Pleno (solo se necesitan 37).

Salgado, quien busca la reelección como quinto asambleísta nacional de CREO, una curul que fuentes de su partido apuntan como “extremadamente difícil, pero no imposible si supera en votación al tercer y cuarto lugar” de su lista, presentará este proyecto el jueves próximo. Y estudia el tiempo ideal para la presentación de un juicio político al vicepresidente Glas, cuyo apoyo en el resto de la oposición no es seguro y, en el oficialismo, es irreal. Desde ambos frentes, fuera de grabadora, los legisladores acusan a Salgado de buscar una plataforma electoral.

Él lo descarta. “Esto se trata de responsabilidades”, dice Salgado. En su lista de argumentos se encuentra el caso de corrupción de Petroecuador que, de momento, involucra a tres exgerentes, un exministro y más de 14 millones de dólares. “Esa gente solo podría ser impedida de salir del país con orden de un juez. Y si la Comisión de Fiscalización los está investigando, lo correcto es que no puedan salir hasta que se aclare el asunto”, explica.

Sin embargo, la historia de esta Legislatura juega en contra de un proyecto aún no presentado. Ninguna iniciativa opositora ha recibido la luz verde por parte de la mayoría oficialista en casi cuatro años.