La CIDH encuentra desazon en su primer dia en Ecuador

Revivieron las frustraciones del pasado inmediato. A los familiares de los integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrados y asesinados por el grupo narcodelictivo Óliver Sinisterra, les bastó 30 minutos para determinar que la información desclasificada que recibieron del Gobierno aportará poco para esclarecer el crimen.

El Equipo de Seguimiento Especial (ESE), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), empezó ayer su trabajo en Quito. Una de las primeras acciones fue la apertura de los sobres con los documentos que, bajo la etiqueta de “secretos”, manejaron los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores en torno al caso.

Había la ilusión de que, con la información que fue entregada el 14 el mayo pasado, se puedan tener nuevas luces de lo que ocurrió en realidad con Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega. Eso se derrumbó en pocos minutos con una breve revisión de lo que recibieron los familiares y ayer los integrantes de la CIDH.

Yadira Aguagallo, pareja sentimental de Rivas, detalló que, por ejemplo, Defensa facilitó unas actas de entrega y recepción de información, la cronología de los hechos y la bitácora que muestra que los tres pasaron el control militar instalado en Mataje, el 26 de marzo, pero nada sobre las operaciones militares, ni las actividades del mando militar unificado que se formó para este caso.

La Cancillería desclasificó dos cuerpos. “El primero de 106 hojas son notas de solidaridad y condolencias de las embajadas y otras organizaciones respecto al secuestro y al asesinato. El segundo, es información que puede ser descargada de la página web de la Cancillería y son comunicados de antes del 26 de marzo”, dijo Aguagallo.

La cartera del Interior incluyó anexos sobre los estados de excepción, que son públicos, los protocolos de buenas prácticas periodísticas, una bitácora de la Unidad Antisecuestro (Unase). También unos chats que habrían mantenido las autoridades con los delincuentes que, según los familiares, podrían ser los únicos documentos con algún valor.

Lo encontrado, que estuvo por más de dos meses en una bóveda de seguridad, cayó como un ‘baldazo’ de agua fría para los seres queridos de los tres trabajadores de la comunicación. Ricardo Rivas, hermano de Paúl, calificó como una falta de respeto para los ecuatorianos el tipo de documentos que para las autoridades pueden ser calificados como secretos.

“No sé con qué criterio se clasifica como reservados papeles de condolencias, cronologías que todo el mundo conoce o documentos que son públicos”, cuestionó Rivas.

Al respecto, ni la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, ni el relator especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza, que son parte del ESE, se pronunciaron ayer. Previamente, Arosemena dijo que este organismo buscará dar un respaldo técnico a las investigaciones para lograr verdad y justicia para que este tipo de casos no se repitan.

Christian Segarra, hijo de Efraín, adelantó que de la documentación que recibieron, el 80 % no aportaría nada para aclarar los hechos suscitados en la frontera norte. Por eso, insistirán a las autoridades ecuatorianas, pero también a Colombia, que entreguen información que resulte relevante para la investigación.