La CIDH denuncia el “alarmante” declive de Venezuela en derechos y democracia.

CIDH llama a restaurar orden constitucional en Venezuela

Venezuela enfrenta una recesión económica agravada con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas, problemas que la oposición atribuye a deficientes medidas del Gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó la situación en Venezuela como “alarmante” en un informe divulgado el lunes 12 de febrero en el que documentó un aumento de la pobreza, escasez generalizada, detenciones arbitrarias y torturas y llamó al Gobierno a restablecer el orden constitucional.

El informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela” es el tercero de la CIDH sobre la nación petrolera y “se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017”, según el texto.

La CIDH da 76 recomendaciones en el reporte de 267 páginas y entre ellas resalta el llamado al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación”.

Las estadísticas muestran “un panorama mucho más alarmante”, dijo la CIDH al asegurar que en el 2014 “el 48 por ciento de hogares se encontraba en condición de pobreza; en el 2015, la cifra se elevó a 73 por ciento; y en el 2016, alcanzó el 81,8 por ciento.

De ese total, el 51,51 por ciento estaba en situación de extrema pobreza”.

“Una crisis económica no es excusa para que un Estado deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros”, dijo Soledad García, una de las relatoras del informe durante la presentación de los resultados en la conferencia de prensa en Washington.

Venezuela enfrenta una recesión económica agravada con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas, problemas que la oposición atribuye a deficientes medidas del Gobierno pese a que Maduro les devuelve la responsabilidad diciendo que son producto de una guerra económica de empresarios y sus adversarios.

El Gobierno no respondió de inmediato a Reuters solicitudes de comentarios sobre el informe.

La CIDH dijo que en noviembre le presentó al Estado las conclusiones, a lo que respondió en diciembre que considera que presenta “una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela”.

En ese contexto, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada por seguidores del oficialismo aprobó la convocatoria de comicios presidenciales anticipados que serán celebrados el 22 de abril y en los que Maduro buscará la reelección.

La oposición ha denunciado que no puede competir libremente por medidas que han inhabilitado a sus líderes y han obstaculizado la promoción de la coalición que los agrupa y aún evalúa si participa o no en esas votaciones.

La “situación en Venezuela es el caso más sostenido de deterioro de las instituciones democráticas en la región en la actualidad”, dijo a periodistas Edison Lanza, otro de los relatores del informe.

La CIDH también se refirió a la salida de miles de venezolanos hacia Colombia y Brasil, países que ya han tomado medidas como el reforzamiento militar y policial de sus fronteras.

En Colombia, las autoridades calculan que hay más de 550.000 venezolanos.

En Brasil, la alcaldía de la ciudad brasileña de Boa Vista, en la frontera, dice que sólo en esa localidad viven 40.000 venezolanos que buscan un alivio a la violencia, la escasez de productos y la hiperinflación en Venezuela.