CIDH pide medidas a favor de miembros del Consejo de Participacion

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este 6 de febrero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que adopte medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), afectados por el resultado de la consulta popular del domingo.

La solicitud de medidas provisionales es a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad de que ordene al Estado que se abstenga de destituirlos. Este requerimiento fue recibido el pasado 28 de diciembre por la Comisión.

En la pregunta 3 de la consulta, se propuso una reestructuración del Consejo que implica la destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio.

Los ecuatorianos apoyaron con un 63,15 % de votos favorables a esta propuesta del mandatario Lenín Moreno, aunque esta fue la pregunta que más rechazo reunió de las siete con una oposición del 36,85 %.

“De implementarse el resultado del referendo (...) se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir”, apuntó en un comunicado la CIDH.

Por ello, pidió a la CorteIDH unas medidas provisionales con las que “ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del CPCCS y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho”.

“Incluyendo -añadió- los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos”.

La Comisión recordó que la consulta del domingo “no contó con control constitucional previo” y que solo la Asamblea Nacional a través de un “enjuiciamiento político” puede cesar a los actuales miembros del CPCCS, cuyo periodo va hasta 2020.

En su petición ante la CorteIDH, la CIDH consideró que la situación planteada “podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención (Americana de Derechos Humanos) para el otorgamiento de medidas provisionales”.

La Cancillería reitera legalidad de la consulta

En comunicado emitido por la Cancillería ecuatoriana, representada por María Fernanda Espinosa, manifiesta que “el Gobierno de Ecuador reitera la plena legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular celebrada este 4 de febrero de 2018”.

El documento agrega que “el pueblo ecuatoriano expresó de forma abrumadoramente mayoritaria su respaldo a las propuestas emanadas del amplio diálogo sostenido por el presidente Lenín Moreno con diversos actores de la sociedad ecuatoriana”.

Asimismo rechaza el “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a pesar de contar con la amplia y contundente información oficial del Estado ecuatoriano, se ha pronunciado únicamente a través de un boletín de prensa que contiene datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcializada y errónea del proceso democrático nacional”.

Al concluir la Cancillería ratifica que “defenderá su posición ante la Corte IDH con la total certeza de que ha actuado en estricto apego a la Constitución y a las leyes”.

Moreno llama a la unidad

El presidente Lenín Moreno también se pronunció respecto a las medidas solicitadas por la CIDH. En su cuenta de Twitter el mandatario hizo un llamado “a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional”.

Embajador llamado a consultas

María Fernanda Espinosa, llamó este miércoles a consultas al representante permanente del país ante la OEA, el embajador José Valencia, que hoy (miércoles) regresará a Quito.

La convocatoria urgente se produce ante el “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales” de la CIDH al solicitar a la Corte IDH medidas provisionales en relación al referéndum celebrado este 4 de febrero.