La Fiscalía presenta más de cien pruebas en presunto peculado por fundas para cadáveres

Horas extras. La apretada agenda de audiencias que tiene el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil lleva a los jueces extender su jornada hasta los fines de semana. Dos de los casos de presunta corrupción denunciados durante la emergencia sanitaria que se decretó en 2020, por la COVID-19, y que están en etapa de juicio, son atendidos también los sábados.

En uno de ellos se juzga la conducta de Daniel Salcedo Bonilla y exfuncionarios del hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos, entre ellos fundas para cadáveres de adultos.

La diligencia se reinstaló a las 08:30 del sábado 26 de junio de 2021, pero se suspendió doce horas después (20:50). En providencia subida al Sistema Informático Judicial (Satje), el Tribunal manifestó que la Fiscalía concluyó con su prueba testimonial, pericial y documental.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en su cuenta de Twitter que concluyó con la presentación de su prueba testimonial y pericial (112 en total) y ha ingresado -hasta el momento- 70 pruebas documentales de las 130 previstas.

“En esta causa, el proceso de investigación de la Fiscalía ha determinado la existencia de presuntas irregularidades en el proceso de contratación y un posible sobreprecio en la adquisición, lo que ha sido expuesto ante el tribunal para su valoración”. La audiencia se reinstala a las 15:00 de este lunes 28 de junio de 2021.

En las últimas convocatorias, el tribunal -integrado por los jueces Francisco Flores Barragán, (ponente), José Dávila Álvarez y Mónica Abad Mariscal- dispuso la comparecencia de una testigo mediante la fuerza pública.

La mujer había argumentado que estaba contagiada de la COVID-19, desde el pasado 6 de mayo, lo que fue cuestionado por los jueces que no tenían la confirmación de esa dolencia. “Ahora, el riesgo de que la señora testigo pueda haberse contagiado de COVID recientemente, es el mismo riesgo que tenemos todos los participantes de la audiencia, a contagiarnos en cualquier momento, y por eso nos mantenemos con las medidas de bioseguridad, como es el uso de la mascarilla (...) se está requiriendo a cada uno de los señores abogados que presenten en cada reinstalación de audiencia el certificado PCR (...)”, señaló el tribunal en la providencia.

Entre los testigos que presentó la fiscal del caso, Claudia Romero, estuvieron funcionarios de la casa de salud, quienes informaron sobre la situación en el Hospital durante el estado de emergencia y presuntos hechos irregulares relacionados a la compra, informó al inicio del juicio la Fiscalía. "Parte de esta información fue presentada también a través de un peritaje, en el cual se efectuó la extracción de información de los celulares de los implicados".

En su investigación, la Fiscalía determinó que los funcionarios públicos habrían abusado de sus atribuciones, disponiendo arbitrariamente de dinero público para la contratación y asignando una partida presupuestaria de 872.000 dólares. Este proceso habría favorecido a terceros, entre ellos la representante de la empresa adjudicada, Sandra Ortega Romo, y Daniel Salcedo, acusado como coautor del delito.

Debido a que el presunto delito se cometió en un proceso de contratación en el contexto de la declaratoria de estado de excepción y confinamiento por la pandemia de la COVID-19, fue investigado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía, creada para conocer esos hechos de corrupción durante la emergencia sanitaria.

Otro caso que también avanza los días sábados en audiencia de juzgamiento es el que involucra a Noé Salcedo y Abraham Muñoz, hermano y exentrenador de Daniel Salcedo, respectivamente. Además implica a tres exfuncionarios del hospital del Guasmo Sur, por presunta delincuencia organizada para la venta irregular de la medicina Actemra, donada a hospitales públicos para pacientes contagiados por la COVID-19. La diligencia también se reinstala este lunes 28 de junio de 2021.

En la audiencia preparatoria de juicio (previo a la de juzgamiento), el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó más de sesenta elementos de convicción, entre estos: los informes investigativos y de inspección ocular técnica de Criminalística de la Policía Nacional, credenciales presuntamente falsas encontradas en poder de los investigados y que pertenecerían a otro de los involucrados en este caso (Abraham Muñoz), el resultado de la pericia de extracción de información correspondiente a videos y audios obtenidos de redes sociales, y la versión de un testigo del caso.

A eso se sumaron las certificaciones obtenidas de solicitudes jurídicas derivadas por varias áreas de la entidad de salud (Hospital Guasmo Sur), para la compra, adquisición y/o donación de los insumos médicos, que fueron puestos a la venta por personas ajenas al hospital, además de la pericia de identidad humana y de reconocimiento del lugar de los hechos.