El cierre de los Guaguacentros de Quito, en la mira

En un país donde uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufre de desnutrición, según el último informe de Unicef, las asistencias sociales son un bálsamo para los padres de familia que no logran estirar sus ingresos hasta fin de mes.

Sin embargo, el cierre de los Guagua Centros en junio pasado ha complicado la situación para al menos 8.900 niños beneficiarios de este servicio de cuidado del Distrito Metropolitano de Quito. El cese de los convenios con al menos 200 centros no solo han afectado a las familias, sino a las propietarias de los establecimientos, con los que el Cabildo tiene una deuda de $ 27 millones.

Tatiana Castro, representante de las directoras de los centros, indica que las instituciones, además de dar educación, ofrecían una alimentación saludable a las familias más empobrecidas. “Muchos niños solo comían en nuestros centros. Cuando salían, iban a sus casas a dormir”. Sin embargo, con el cierre, “ellos serán los futuros quiteños desnutridos, porque en las primeras etapas de la infancia se debe controlar este aspecto importantísimo”. Y no será todo. Los padres, al no tener dónde dejarlos, reflexiona la docente, los dejarán solos o los llevarán con ellos, lo que aumentará el índice de trabajo infantil, que en la capital afecta a 35.000 niños y adolescentes.

Entre los afectados está Libia Cruz, una lojana de 41 años, cuyo hijo, Ángel, padecía de desnutrición y durante 48 meses debió batallar contra aquel cuadro. Él contó con el apoyo de los trabajadores del Guagua Centro al que iba. Allí, como si fuese una guardería, aprendía, comía, dormía y jugaba.

“Fue un golpe duro”, subrayó la mujer. Ahora debe pagar cuidado privado, pues solo así puede seguir trabajando. Pero de las cuatro comidas que el niño recibía a diario en el centro solo queda el recuerdo, pues para eso el dinero no alcanza.

Gabriel Mier, director jurídico del Patronato San José, acepta que los resultados del programa eran positivos. Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establecieron que, desde 2014 hasta 2018, el 91 % de los más de 11.000 niños que pasaron por el cuidado de estas instituciones superaron la anemia y el 72 % de los niños con desnutrición crónica mejoraron su condición de salud. “Los cambios en los números son evidencia de la atención proporcionada por el centro y del fortalecimiento en las conductas de cuidado paternal y maternal”, aseguró.

Pero no todo era tan sencillo. El proyecto de los Guagua Centros fue duramente cuestionado desde su inicio, pues Quito ya contaba con un programa similar cuando Mauricio Rodas anunció el proyecto al inicio de su administración. Así lo explica Gissela Chalá, concejala y titular de la comisión de Igualdad, Género e Inclusión. “Era una medida populista que no contaba con los criterios técnicos adecuados (…) Cuando empezó nuestra administración, solicitamos un examen especial a la Contraloría General del Estado, y ahí se develó lo que habíamos recibido como quejas anónimas, que no había criterios pedagógicos o nutricionales, ni se garantizaba el salario adecuado de las instituciones adscritas. Es un programa que nació con falencias que, hasta que se terminaron los convenios, no se pudieron corregir”, explicó.

Pese a las irregularidades y el cese de los convenios, la comisión reiteró la necesidad de seguir atendiendo a la población. “No podíamos dejar a esos niños y sus familias a la deriva porque conocíamos, por medio de las directoras de los centros, que muchos niños solo comían ahí, porque en sus casas no había para más, por lo que se les priorizó la entrega de kits humanitarios”, explicó.

Gabriela Cevallos, directora de Ejecución Técnica del Patronato, aseguró que se trabajó con las listas entregadas por los centros. “Lo que hemos hecho durante todo este tiempo es trabajar con un tamizaje de malnutrición hecho por la Secretaría de Salud para este grupo que asistía a los centros de salud de los Guagua Centros para darles una atención mensual con raciones alimenticias. En este momento estamos entregando la última”, explicó.

¿Qué pasará a futuro? No se sabe. Pese a que el alcalde Jorge Yunda se ha comprometido a reabrir los centros desde el propio Cabildo, y con un programa integral que resuelva los cuestionamientos de la Contraloría, no hay fechas ni especificaciones para esto.

Cevallos indicó que, por ahora, debido a las modalidades generadas por la pandemia, una reapertura no es recomendable, pero sí hay un plan de atención para esta población.

Chalá concordó, indicando que sí se ha determinado un presupuesto para este tema pese a los recortes que se aprobaron para 2021. También agregó que se ha priorizado el pago de los rubros pendientes a los centros.

“Peleamos para que este rubro se contemple en el presupuesto, y para que el alcalde reciba a los representantes en la sesión de concejo. No estamos de acuerdo con algunas de las declaraciones que han hecho ciertos directivos del Patronato casi culpándoles a ellos de esta situación, que incluso les ha llevado a contratar abogados. Ellas confiaron en la administración pasada y se les tiene que pagar por el servicio que dieron”, agregó.

Una acción de protección que no trascendió

Tatiana Castro, representante de los doscientos Guagua Centros que funcionaron en la ciudad, explica que con los cierres, las directoras se quedaron con deudas, tanto por pago de arriendos como de haberes laborales. Esto porque ellas figuraban como dueñas de estas empresas educativas.

Por tanto, las obligaciones que tenían con los trabajadores de los Guagua Centros incluían el pago de sueldos, décimos y demás. Ahora enfrentan hasta demandas porque no han podido liquidar a los empleados, pese a que el principal problema ha sido la falta de cancelación de lo adeudado desde el municipio.

Eso motivó a que, hace varios meses, se pidiera una acción de protección, que recientemente fue negada.

A su vez, las maestras han hecho hasta marchas para pedir que los convenios se retomen y para que se cancele lo adeudado. Estas continuarán, señalan, hasta que reciban una respuesta de parte del Cabildo.

Añaden que las supuestas inconformidades halladas en los convenios fueron hechas con el fin de no renovar los convenios, y no considerando los logros y las realidades del programa.

Mirela Concha, una de las docentes, añadió que recibieron, por ejemplo, capacitación en temas nutricionales y la mayoría de las docentes cuentan con experiencia y estudios en temas pedagógicos. “Los resultados muestran que hubo grandes mejoras en la situación de los niños que atendíamos, y cerrarnos no solo nos afecta a nosotras, sino que los deja a ellos en la indefensión”.