Cinco meses sin respuesta por el radar de Montecristi
Una explosión inhabilitó el aparato el 7 de noviembre de 2021. Funcionó 11 días. Una comisión del Ministerio de Defensa debía investigar
La madrugada del 7 de noviembre de 2021, una explosión dejó inhabilitado el radar instalado en el cerro Montecristi, en Manabí.
Había funcionado apenas once días tras su inauguración oficial el 27 de octubre del mismo año tras superar la oposición de grupos contrarios a su instalación. Fue gracias a una declaratoria de área reservada militar de defensa los cerros de Montecristi y el de San Isidro, efectuada por el presidente Guillermo Lasso, que se concretó su instalación y funcionamiento.
El aparato tenía como objetivo controlar el tráfico aéreo de aeronaves ilegales utilizadas para el transporte de drogas a través de esa ruta en Manabí.
Ese año se habían efectuado al menos siete interdicciones de narcoavionetas en el país. Según los reportes policiales, el tráfico de drogas a través de aeronaves ilegales se había incrementado en un 600 %. Es en ese contexto que llegó el radar en Montecristi.
Tras el incidente se iniciaron algunas investigaciones. Una a cargo de una comisión integrada por el Ministerio de Defensa con miembros de la Armada y del Ejército. Se declaró reservada toda la información que tenga relación con al radar.
EXPRESO consultó al Ministerio de Defensa y a su titular, Luis Hernández, sobre las conclusiones. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Como la comisión de Defensa no tenía potestad de determinar responsabilidades disciplinarias, el informe fue enviado al Comando de Operaciones Aéreas y de Defensa (COAD), en ese entonces dirigido por el general Antonio Puga.
Él, un día después del incidente del radar, presentó una denuncia en la Fiscalía para pedir que se investigue un posible delito de sabotaje.
En declaraciones públicas señaló que se manejaban tres hipótesis: una falla del sistema, un factor externo provocado por una persona interna y una provocación externa por un ente totalmente externo. Además, presentó una denuncia en la Fiscalía. Se inició una investigación previa.
Hasta el momento no se conoce qué mismo provocó el daño. Pero, según fuentes militares, desde el inicio de las investigaciones se descartó que hubiese sido una falla del sistema.
¿La razón? Donde se produjo la falla existe una bomba de aceite que arroja el mismo cada 12 horas y no necesitaría presión. Sin la certeza de lo que provocó el daño lo que sí se han establecido es sanciones administrativas. Es que, además de la comisión del Ministerio de Defensa se conformó una Junta de Investigaciones de Accidentes Militares por parte de la FAE. La Inspectoría de la Fuerza Aérea inició un procedimiento para determinar responsabilidades administrativas. La empresa Indra, proveedora de los radares, mandó dos técnicos en noviembre para la indagación.
El informe de la comisión de Defensa determinó ‘fallas administrativas’. Para establecer responsabilidades y aplicar sanciones en caso de existir, se inició una investigación.
Al menos 26 uniformados fueron señalados por cosas ajenas a la explosión como presuntos incumplimientos de protocolos, directivas, entre otros que alcanzarían niveles superiores. Las sanciones no se han ejecutoriado porque hay instancias para presentar reclamos y descargos.
Un informe de 66 páginas atribuido a Indra, al que accedió este Diario, aclara que: “no existe en el grupo de antena, ni en el resto del sistema radar, ningún elemento susceptible de generar una explosión, ya que no contiene ningún elemento que presente peligro de explosión por sí mismos, incluso en caso de avería eléctrica o mecánica de alguno de ellos”.
El detalle
Contexto. El comandante del COAD, Antonio Puga, recibió nueva asignación y su sucesor, Paulo Espinosa, pidió la baja directa.
Procedimiento
Instancias de sanción en la FAE
Según los reglamentos militares, el comandante de la Unidad no sanciona en el caso de las faltas disciplinarias. Quien sí lo hace es el jefe de Estado Mayor. El comandante es una segunda instancia.
La tercera instancia para la aplicación de sanciones es el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que al momento es el general Geovanny Espinel.
La aplicación de sanciones administrativas disciplinarias, por las autoridades militares acorde a sus reglamentos internos, poseen plazos de prescripción. La próxima semana se cumplirán cinco meses de la explosión. Mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones en el ámbito penal.
