Casi 5.000 denuncias contra uniformados por tráfico y delincuencia organizada
Fiscalía remitió a este Diario el número de denuncias que pesan contra militares y policías por delitos de tipo penal
Los recientes casos de policías en servicio activo, capturados en flagrante delito como secuestros o vinculados con líderes criminales, revelan la infiltración del crimen organizado en las filas policiales y militares. A estos hechos se suman las denuncias registradas en el Ministerio Público contra agentes en lo que va del 2024, lo que subraya la necesidad de depurar el cuerpo de seguridad del país.
El caso más reciente se registró el 22 de agosto, cuando tres policías en servicio activo, incluido un subteniente, fueron capturados y acusados de secuestrar a una familia y de formar una banda de extorsionadores en Guayaquil, al servicio del grupo terrorista Los Tiguerones.
El secuestro de la familia ocurrió mientras se desplazaban en su vehículo. Los delincuentes, que se movilizaban en cuatro motocicletas similares a las que usa la Policía, dijeron que estaban realizando un operativo policial.
24 horas antes, el 21 de agosto, la cúpula policial capturó a varios criminales. Uno de ellos, Bryan Andrés Ontaneda Mosquera, alias El Topo, un agente en servicio pasivo que lideraba el grupo terrorista Los R, una fracción de Los R7.
Tras su captura, el general Freddy Sarzosa, director de Investigaciones, explicó que la economía de este grupo delictivo se sostenía principalmente en los secuestros extorsivos, que llevaban a cabo mediante aplicaciones móviles. Y que Ontaneda, con conocimiento de los procesos y técnicas de investigación, había dificultado por meses las indagaciones que realizaban las autoridades.
Policías y militares investigados
De enero a junio de 2024, el Ministerio Público ha registrado 202 denuncias contra uniformados por presuntos delitos de delincuencia organizada, lo que representa una disminución de 100 denuncias en comparación con el año anterior. Además, hasta junio de 2024, se han presentado 4.730 denuncias contra policías y militares por presunto tráfico de drogas.
Si bien las cifras son altas, los datos del Ministerio Público muestran una disminución en los delitos relacionados con uniformados en comparación con los años anteriores. En 2022 y 2023, se registraron 10.900 y 8.950 denuncias, respectivamente, solo por tráfico de drogas.
Este Diario consultó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el procedimiento interno para los agentes investigados por su presunta participación en delitos penales. Según la información proporcionada por la institución, cuando un uniformado es aprehendido, se inicia de inmediato un proceso administrativo disciplinario y se lo separa de las Fuerzas Armadas. El agente entra en un estatus de "disponibilidad" o "baja".
Durante el periodo de disponibilidad, que dura seis meses, el uniformado recibe su sueldo de las Fuerzas Armadas. En el caso de la baja, el agente recibe su pensión del ISSFA. "En ambos casos, el agente deja de estar activo dentro de las Fuerzas Armadas", explicó la entidad.
Se realizó una solicitud similar al equipo de comunicación de la Policía Nacional para obtener información sobre el proceso interno respecto a los agentes acusados de delitos. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no se recibió respuesta. En lo que va de 2024, se ha informado que 381 policías han sido separados de la institución debido a inconductas y asuntos delictivos.
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