Ciudadanos demandan a las telefónicas por la falta de servicio en los apagones
El Observatorio de Control Ciudadano (OCC) presentó una acción de protección en contra de Claro, Movistar, Tuenti y CNT
La muerte de un bebé, que nació en un bus el pasado 5 de noviembre, y no pudo recibir atención médica oportuna debido a la falta de cobertura telefónica derivada de los cortes de luz motivó a un grupo de ciudadanos a presentar una acción de protección en contra de las empresas de telefonía celular Claro, Movistar, Tuenti y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
El Observatorio de Control Ciudadano (OCC), cuyos integrantes son Sara Carrillo, Mónica Jaramillo y María Gabriela León, impulsan esta acción constitucional, que tiene como propósito, “garantizar los derechos de los usuarios de telefonía celular en nuestra calidad de usuario de este servicio, derechos que ya han sido vulnerados por las deficiencias en la prestación de servicios de telecomunicaciones”, indica en su petición.
El Observatorio de Control Ciudadano cita la Constitución, que exige que los servicios sean continuos y de calidad. Pide a la justicia “su intervención para que se repare la afectación, restaurar el acceso adecuado y proteger la futura vulneración de los derechos fundamentales”.
En la demanda, se señalan varias afectaciones a los ciudadanos a partir de la crisis energética, que comenzó en septiembre de 2024 y se ha ido agudizando. “Estas intermitencias han afectado a millones de usuarios, quienes dependen de la conectividad para actividades cotidianas y esenciales". La telefonía móvil e internet se han convertido en una herramienta básica para la educación, el trabajo, la salud y la comunicación, sin embargo, la fragilidad de los sistemas de respaldo de energía de estas empresas limita su capacidad de operar durante apagones, afectando en especial a sectores vulnerables y de difícil acceso”.
Los usuarios que pagan por unos servicios a estas compañías no han recibido una prestación óptima y tampoco una reparación.
La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) informó el pasado 4 de noviembre que las operadoras han invertido 27 millones de dólares para lograr cinco horas de energía eléctrica en sus radiobases.
El caso fue sorteado y llegó al despacho de la Unidad Judicial Penal con sede en Quitumbe, en el sur de Quito. La audiencia se realizará el próximo 28 de noviembre, a las 09:30 (Número de proceso 17283-2024-01650).
¿Cuáles son los posibles derechos constitucionales vulnerados?
- Artículo 52: Garantiza el derecho a recibir bienes y servicios de óptima calidad y señala que los afectados por la prestación de servicios deficientes tienen derecho a una indemnización.
- Artículo 314: Establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones en condiciones de continuidad y calidad.
- Artículo 11, numeral 2, y Artículo 35: Protegen a personas con discapacidad, adultos mayores y quienes padecen enfermedades catastróficas, asegurando una atención prioritaria y especializada en la provisión de servicios básicos.
- Artículo 16: Reconoce el derecho a la comunicación y el acceso libre a información a través de servicios públicos de telecomunicaciones.
- Artículo 32 y Artículo 393: Aseguran el derecho a la salud y a la seguridad, garantizando la accesibilidad a servicios de emergencia en casos de desastre o crisis.
Otras quejas contra la CNT
EXPRESO ha publicado en los últimos días las quejas de clientes de CNt, que no solo apuntan a los cobros excesivos “por un servicio que es ineficiente”; cobros por meses adicionales incluso después de que se ha cancelado un contrato; o a las demoras a la hora de reparar un daño, como sucedió con la empresa Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), a la que pertenecen los Diarios EXPRESO y EXTRA, que ha permanecido ya incomunicada telefónicamente por once días.
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