El CJ decide la metodología del concurso para la Corte Nacional

Pese a las dificultades, las críticas y denuncias, sigue el concurso para renovar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

El martes próximo, el Consejo de la Judicatura debe revisar la nueva metodología para las pruebas de confianza. Esta vez, organismos internacionales han colaborado, según la entidad, para establecer parámetros que puedan medir aspectos tan subjetivos como la idoneidad, el desarrollo de competencias, el perfil de un juez, su honestidad y valores necesarios para el cargo por los próximos nueve años.

En el informe de las pruebas de confianza pasadas, que fueron dadas de baja, se estableció que la medición del nivel desarrollo de competencias “tendría como único propósito la mejora y perfeccionamiento que permitan el cierre de brechas existentes entre el desempeño del servidor y el perfil requerido”. Aun así, hubo denuncias de que las pruebas estuvieron mal hechas.

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¿Cómo se mide esto? La Judicatura, con Mario Godoy a la cabeza, verifica la posibilidad de contratar a una empresa colombiana, con 30 años de experiencia, para que realice las nuevas pruebas de confianza.

Para el concurso, la próxima semana también será clave porque se espera contar con el informe de la Contraloría sobre el proceso de contratación de Métricas Web S. A. S, la compañía a cargo de las pruebas de confianza y cuyos profesionales no registraban títulos universitarios ni experiencia en psicología, trabajo social o selección de personal; además de que en el domicilio señalado no se encontró ninguna empresa.

La Contraloría se comprometió a tener listo un informe especial para conocer si hubo o no inconsistencias en la elección de la compañía, que estuvo a cargo de la antigua directora de Talento Humano, hoy investigada por la Fiscalía General.

Para otros participantes, en cambio, todo lo que ha pasado en el concurso, además de una pérdida de tiempo, ha implicado una desconfianza sobre si, de llegar hasta el final, se cumpla la legitimidad que el cargo requiere.

Postulantes han optado por renunciar

El juez Luis Adrián Rojas, por ejemplo, renunció al concurso de selección para la Corte Nacional de Justicia. Para él, dicho concurso debe ser declarado completamente nulo. Solo así volverá al proceso.

“Cómo vamos a emitir resoluciones, sentencia de casación, revisión o doble conforme, si yo no tengo legitimidad judicial”, dijo la aspirante Paola Yajamín, quien también prefirió renunciar. Su criterio es que el concurso está viciado. “La legitimidad no nos la da un concurso o una institución; nos la da la ciudadanía”, agregó.

Para la Judicatura, el dar de baja el actual concurso, luego de que se suspendió el de 2023, impulsado por Wilman Terán (detenido en el caso Metástasis), implica un retroceso y demora para reconfigurar la Corte Nacional, que ha venido trabajando con retazos: jueces titulares, conjueces, jueces temporales y encargados y conjueces encargados.

Incluso su presidente, José Suing Nagua, es encargado, mientras no se complete con al menos 12 jueces nacionales titulares para lograr la sesión.

La Contraloría es otra entidad que ejerce presión al concurso. En su examen especial pidió a la Judicatura, hace pocas semanas, la información de lo que ha gastado la institución en el financiamiento del personal y las actividades del concurso.

El tener jueces de las cortes provinciales encargados de despachos en la Corte Nacional también implica que para llenar los cargos que dejaron se debió llamar a los temporales y pagarles un sueldo.

• Selección. 107 postulantes quedaban en el concurso para la Corte Nacional, pero de estos al menos tres han anunciado que renuncian por las polémicas.

Los dispositivos examinados en el caso por tráfico de influencias

El actual concurso, así como el proceso de 2023, de Wilman Terán, son motivo de investigación en el ámbito penal. Esta semana, la Fiscalía logró la autorización para extraer información de computadoras y teléfonos celulares de los antiguos funcionarios que trabajaron con Terán y hoy son investigados por supuesto tráfico de influencias. En total son 35 dispositivos electrónicos, que serán examinados por los peritos de Criminalística, de la sección audio y video. Entre estos, hay una ‘flash memory’ de 64 GB que fue entregada por un testigo protegido en este caso, el pasado 4 de septiembre. Además, el lunes los jueces llamaron a las partes a comparecer en una audiencia para revisar las medidas cautelares de Santiago Cifuentes, exasesor de Terán, actualmente detenido. 

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