La clase media sufrira las mayores consecuencias
Combustibles. En agosto se empezó a aplicar el alza. Así, el galón de súper pasó de $ 2,34 a $ 3,10; la ecopaís, de $ 1,48 a $ 1,85 y el diésel de $ 1,37 a $ 2,74.
Aunque el Gobierno se esmere en amortiguar los efectos de sus últimas medidas económicas, focalizando subsidios y otorgando compensaciones, será la clase media del país la llamada a asumir las consecuencias de estos recortes. Un esfuerzo que, para algunos analistas, puede quedarse en el aire si a esto no se suma una política de mayor austeridad de gasto estatal y una estrategia que compense una posible caída del consumo.
José Orellana, analista económico, cree que la reducción de subsidios en los combustibles que el Gobierno empezó a aplicar en agosto de este año, golpeará a la clase media que, por lo general, es propietaria de vehículos. “Si uno tiene un carro que solo consume súper podría llegar a gastar 48 dólares al mes, pero eso al año significa $ 576, un monto interesante si se toma en cuenta el ingreso promedio de $ 1.000 mensuales que puede llegar a tener la clase media”. Pero hay otros efectos indirectos que podrán golpear a la población en general. Nada se ha hablado del incremento que podría llegar a tener el costo del servicio de transporte escolar. Tampoco se ha hablado de la subida de precios de ciertos productos en el mercado, debido al alza de costo que conllevará su traslado. O del encarecimiento en la producción de ciertos alimentos agrícolas como el arroz que, para cultivarse y cosecharse, muchas veces se requiere usar maquinaria que funciona a punta de diésel, justamente el último combustible, que después de la súper y ecopaís, fue sometido al proceso de reducción de subsidios.
Una política que se impulsó desde agosto pasado, luego de una baja consecutiva del precio internacional de barril de crudo, y que permitirá al Gobierno crearse un ahorro calculado, inicialmente en $ 800 millones al año. Sin embargo, un recorte que aún luce insuficiente para aliviar el alto déficit presupuestario del próximo año (más de $ 8.000 millones).
Desde el sector empresarial la revisión de subsidios ha recibido apoyo, pues se cree que esto permitiría, en parte, corregir las distorsiones que, por décadas, se ha generado en la economía con un Estado que, para cubrir sus altos gastos, ha tenido que sobreendeudarse. No obstante, a Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEP), no deja de preocuparle los efectos de esta medida. Admite que subir el precio a los combustibles es restar poder adquisitivo a la clase media y por ende mermar dinámica al consumo, algo que terminará afectando las ventas y al sector productivo.
De ahí que su expectativa es que la factura no solo tenga que pagar el ciudadano y las empresas, sino el propio Estado que debe caminar a un mayor ajuste del gasto corriente. Para mermar los efectos negativos, recomienda devolver la capacidad de producción y consumo bajando impuestos (como el ISD y el anticipo del IR), “de lo contrario extenderemos el estancamiento”.
Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor), concuerda con Alarcón, en creer que aún hay espacios para que el Estado siga reduciendo su gasto y la burocracia innecesaria. También para generar mecanismo de dinamización en la economía, como flexibilizar la normativa laboral.
La decisión “empresarial”
Esta vez fue Carlos Pérez, quien por lógica, debía enfrentar ante la sociedad las medidas económicas. Tal vez el próximo envión, dadas las circunstancias económicas, le toque a Richard Martínez (expresidented del Comité Empresarial).
Paradójico o no, quienes han tomado las decisiones más duras (por sus efectos políticos) han sido parte del sector empresarial, y de ahí tal vez el poco énfasis crítico a estas decisiones y más cuando el Gobierno supo ceder ante el pedido empresarial para sacar adelante normas a su favor.
Aunque Rafael Correa tomó muchas medidas (alza de aranceles, de impuestos, aportación al Seguro) estas no fueron tan impopulares porque se la hizo en la época en donde el endeudamiento caro y la propaganda disfrazaban la realidad económica del país.
El cerebro de las medidas, el “superministro”, Carlos Pérez, un coach por excelencia, ha formado parte de la empresa privada: en 2002 entró a Halliburton Ecuador. Pero desde niño ha pasado en campos petroleros. Pérez vivió en Ancón, Santa Elena, con su padre, quien trabaja en los campos petroleros de la zona. Él fue formado en la Universidad de Texas, en Austin, en Ingeniería Electrónica. Pero ganó experiencia al trabajar en la NASA y tiempo después en la petrolera Schlumberger. GLC