Clasificación de muertes, ¿cómo se la hace y cómo podría ser adulterada?
El INEC consolida los datos entregados por otras entidades como la Policía Nacional y Registro Civil
Cuando una persona fallece, para proceder a la inhumación, sepultura o cremación de un cadáver, un médico tratante o legista debe llenar un certificado de defunción. Así lo determina la Ley de Gestión de Identidad.
Pero hay otras manos a cargo de ese registro obligatorio. En medio del polémico estudio de Arduino Tomasi, guayaquileño de 35 años, especializado en matemáticas aplicadas, EXPRESO profundiza en su tesis que, tomando cifras del INEC, revela que en Ecuador, entre 2007 y 2017, más de 7 mil muertes fueron clasificadas como de causa no determinada. Según su investigación, las cifras estarían vinculadas a la salida de la Base de Manta.
Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), explica que la información colgada en la página web que habla de una categoría de muertes, cuya intención no se puede determinar, fue proporcionada por la Policía Nacional. Además, Castillo afirmó que desde hace unos años el INEC cuenta con un proceso minucioso de revisión de esos casos. Les interesa que todas las defunciones sean correctamente clasificadas. “Si una defunción no se clasifica bien es porque la forma en que se levantó ese registro fue de muy mala calidad. Existe una mesa técnica con la Policía, Fiscalía, Judicatura, Ministerio de Salud, Registro Civil, en donde vamos cruzando fuentes para mejorar el registro”.
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Al respecto, Byron Villacís, quien dirigió el INEC de 2007 a 2012 y cuestiona el estudio de Tomasi, reiteró que esa estadística no depende del INEC ni del Registro Civil, sino que dicha comisión, formada por varias instituciones, es la que evalúa los datos. Este medio confirmó que al menos desde el 2011 funciona la Comisión de Seguridad.
Según Villacís, para que las cifras expuestas por Tomasi sean ciertas, “todos ellos (los integrantes de la comisión), en cada provincia, deberían haberse coludido hasta el 2018. Tendrían que decirles ‘apoyen, para que no digan que la Base de Manta influyó en el aumento de muertes violentas’”, ironiza Villacís.
Un alto oficial de la Policía en servicio pasivo que prefirió guardar el anonimato, por su parte, explica que “todo cadáver va a Medicina Legal, salvo que sea muerte en hospital y se haya determinado que le dio un paro cardíaco, por ejemplo. Pero si trae un disparo en la sien, hay que someterlo a pruebas de criminalística, ver si hay pólvora en las manos...”.
Si este fuera el caso, Pablo Rodríguez, médico legista, hace hincapié en que es una falta muy grave alterar un certificado de defunción. “Sería un perjurio, encubriríamos al causante y seríamos cómplices. Los familiares no lo aceptarían”. Desde ese punto de vista, Luis Córdova, director del Programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, sostiene que es necesario tener una visión más integral y amplia de las cifras expuestas por Tomasi, en especial para comprobar las correlaciones que hace.
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